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Texas mantiene la mayor participación del país por conteo absoluto en el programa 287(g): ICE registra 445 agencias participantes y 549 acuerdos, lo que coloca al estado en el puesto 1.º nacional. Ese marco estatal ayuda a explicar cómo las agencias locales pueden colaborar con ICE en operaciones que combinan aplicación de las leyes migratorias, investigaciones locales y tareas de seguridad pública.

Durante el verano, la oficina de ICE en Dallas dirigió una operación en el área del lago Lewisville con apoyo de agencias estatales y locales. ICE informó que las acciones produjeron 121 arrestos y que también respaldaron investigaciones locales y la vigilancia de seguridad en el lago. El comunicado de ICE, una nota en español sobre el operativo y otro reporte sobre los arrestos señalaron que entre las personas arrestadas había dos que ICE identificó como integrantes de Tren de Aragua.

Florida mantuvo una amplia red de participación en el programa 287(g): ICE registra 289 agencias participantes y 353 acuerdos, lo que coloca al estado en el puesto 2.º del país por cantidad absoluta de agencias. La actividad incluyó nuevas asignaciones federales, más arrestos vinculados con la cooperación local y cuestionamientos sobre el trato y la permanencia de personas bajo custodia de ICE.

Un informe publicado en septiembre señaló que ICE había otorgado unos 38,6 millones de dólares para equipos y transporte a agencias estatales y locales de Florida que participan en acuerdos 287(g). El reporte describió 325 acuerdos y afirmó que la red alcanzaba a todos los condados del estado, según la cobertura sobre los fondos para las agencias de Florida.

Durante el verano, los informes vincularon el aumento de los arrestos migratorios en Florida con la cooperación ampliada entre ICE y las agencias estatales y locales bajo el programa 287(g). Un reporte sobre las ciudades con más redadas y detenciones, otro balance de las deportaciones y la cobertura de Telemundo sobre el récord de arrestos del verano describieron el crecimiento de la aplicación de las leyes migratorias y el papel de las alianzas con las autoridades locales. Un informe separado sobre el aumento de las detenciones en julio también incluyó a Florida entre los focos de esa actividad.

En la cárcel del condado de Pinellas, informes periodísticos dijeron que el centro liberaba y volvía a registrar repetidamente a personas retenidas para ICE. El procedimiento podía mantenerlas bajo custodia del condado más allá del límite federal de 72 horas; una mujer pasó un total de 26 días en ese proceso, según la investigación sobre los nuevos registros en la cárcel de Pinellas y el reportaje de ProPublica sobre la práctica.

En Miami, el acuerdo 287(g) aprobado en 2025 enfrentó nueva incertidumbre política durante 2026. La alcaldesa dijo que firmaría una legislación para terminarlo si la comisión municipal aprobaba esa medida, mientras los comisionados seguían debatiendo si retirar a la ciudad del acuerdo y cómo hacerlo, según la cobertura de la presión comunitaria sobre la alcaldesa de Miami.

En agosto, integrantes de la comunidad también pidieron al Concejo Municipal de Tampa que terminara la cooperación de la ciudad con ICE mediante su acuerdo 287(g) con el Departamento de Policía de Tampa, de acuerdo con la cobertura de la movilización local.

El registro actual de Pennsylvania incluye 143 agencias participantes y 143 acuerdos del programa 287(g), lo que coloca al estado en el puesto absoluto 3.º del país por número de agencias participantes. El balance de 2026 combinó nuevas aprobaciones y alianzas vigentes con medidas municipales para restringir la cooperación y con cuestionamientos sobre la participación de autoridades locales en operativos de ICE.

En septiembre, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes informaron que casi 50 trabajadores de la construcción fueron arrestados en dos operativos de ICE en una obra del Centro Médico Geisinger cerca de Danville, Pennsylvania. Los defensores afirmaron que la policía de Danville ayudó en el operativo, mientras las agencias locales cuestionaron su escala y caracterización. La cobertura vinculó el caso con acuerdos vigentes del programa 287(g) que involucran al Departamento de Policía de Danville y a la Oficina del Sheriff del condado de Montour, Pennsylvania: el informe sobre los arrestos cerca de Danville, la cobertura de las dos operaciones, el relato sobre el temor entre los trabajadores y el análisis de las dificultades para establecer qué ocurrió.

En agosto, el concejo municipal de Northumberland, Pennsylvania, aprobó por 4 votos contra 3 un memorando de acuerdo del programa 287(g). En el condado de Lancaster, Pennsylvania, la oficina del fiscal de distrito dijo que permanecería en su alianza con ICE, iniciada en 2025, y sostuvo que se había beneficiado de ella. La votación de Northumberland y la decisión de la fiscalía del condado de Lancaster mostraron que la cooperación siguió teniendo respaldo institucional en partes del estado.

Al mismo tiempo, varias municipalidades completaron medidas para bloquear o limitar la colaboración local con ICE. Lansdowne, Pennsylvania, prohibió los acuerdos de colaboración vinculados al programa 287(g) en agosto; Upper Darby, Pennsylvania, aprobó en septiembre restricciones a la asistencia policial y al intercambio de datos; y Slippery Rock, Pennsylvania, rechazó en agosto un acuerdo para su policía municipal. En octubre, el concejo de Uniontown, Pennsylvania, retiró de su agenda un acuerdo propuesto para una fuerza conjunta del programa 287(g) tras la oposición pública y dijo que no volvería a presentar la medida: la prohibición aprobada en Lansdowne, las restricciones de Upper Darby, el rechazo de Slippery Rock y la decisión de Uniontown.

En septiembre, la policía de West York, Pennsylvania, detuvo al pastor haitiano Molis Augustave por una luz delantera rota y lo entregó a la custodia de ICE, según informes periodísticos y grupos de defensa. La presión pública llevó después a funcionarios migratorios a suspender su deportación programada mientras se evaluaba su solicitud de residencia permanente; Augustave permanecía bajo custodia de ICE. El reporte sobre su detención y traslado a Luisiana y la actualización sobre la suspensión de la deportación documentaron el caso.

En 2025, el gobernador Mike Kehoe estableció el marco estatal con la Orden Ejecutiva 25-04, y la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri firmó un acuerdo para que personal capacitado ayudara a ICE en funciones migratorias específicas, según el anuncio del gobernador. El registro vigente del programa 287(g) incluye 143 agencias participantes y 158 acuerdos en Missouri; por cantidad absoluta de agencias, el estado ocupa el puesto 3.º del país.

En septiembre, la Oficina del Sheriff del condado de Greene suscribió con ICE un acuerdo del modelo Task Force del programa 287(g). La agencia dijo que los agentes capacitados podrían presentar solicitudes de detención migratoria según su criterio y describió el acuerdo como una herramienta adicional para el trabajo policial habitual, no como una operación generalizada de redadas, según la cobertura del acuerdo y otro informe sobre la medida.

La cárcel del condado de Greene también mantuvo su función como centro de detención de ICE. El sheriff interino Jason Johnson dijo en agosto que continuaría con el acuerdo; informes la identificaron como la mayor instalación de detención de ICE en Missouri y registraron un promedio de unas 388 personas bajo custodia de ICE por día durante agosto, según un reportaje sobre la rendición de cuentas del condado y su publicación en otro medio.

En Nixa, Missouri, el Concejo Municipal votó 5-1 en agosto para autorizar al departamento de policía a incorporarse al modelo Task Force del programa 287(g). El acuerdo aprobado permitiría que ICE capacitara a agentes seleccionados para realizar determinadas funciones migratorias durante sus tareas habituales, según la cobertura de la votación y el informe televisivo sobre la decisión.

Durante el rodeo Jaycee Bootheel de Sikeston, Missouri, en agosto, socios policiales locales que trabajaban con ICE se encontraron con personas cuya identificación planteó preguntas sobre su situación migratoria. ICE dijo que tres ciudadanos mexicanos fueron transferidos a su custodia después del evento, que incluyó recorridos de acompañamiento con agencias locales participantes en el programa 287(g), según la cobertura inicial del operativo y una actualización posterior de ICE.

En agosto, líderes religiosos y miembros de la comunidad pidieron supervisión independiente periódica de cuatro cárceles de condados de Missouri que albergan a personas bajo custodia migratoria federal: Greene, Ozark, Phelps y Ste. Genevieve. Las demandas siguieron a informes sobre una población récord de personas detenidas por ICE en la cárcel del condado de Greene, según la cobertura de la vigilia y los reclamos de supervisión.

La ley estatal de 2025, *Defense Against Criminal Illegals Act*, exige que las agencias policiales de los condados cooperen con los agentes federales de inmigración. Informes estatales señalaron que más de 100 agencias de Arkansas ya tenían acuerdos formales con ICE, mientras que los arrestos de ICE en el estado se duplicaron con creces entre 2024 y 2025. El registro actual de ICE enumera 140 agencias participantes en Arkansas, lo que coloca al estado en el puesto 4.º del país por conteo absoluto. La expansión fue documentada por un informe sobre la implementación del mandato en el condado de Garland, la cobertura de fondos para el programa de ICE y un reporte sobre el aumento de los arrestos de ICE.

En el condado de Benton, el tribunal de quórum aprobó en septiembre un fondo especial para el trabajo del alguacil bajo el programa 287(g), tras meses de oposición pública. La oficina del alguacil firmó en 2020 un acuerdo de aplicación en cárceles y se incorporó al modelo de fuerzas de tarea en junio de 2026. La aprobación del fondo siguió a una audiencia sobre el rechazo de residentes y reportes sobre las críticas a la alianza.

La oficina del alguacil del condado de Garland informó que había emitido más de 50 solicitudes de detención de ICE desde la entrada en vigor del mandato estatal. En 2026 firmó un acuerdo más limitado para agentes que ejecutan órdenes, que describió como una formalización de procedimientos ya utilizados. El reporte sobre el cumplimiento del mandato y la explicación del acuerdo restringido describieron esas funciones.

La policía de Tontitown se incorporó en julio de 2026 al modelo de fuerzas de tarea del programa 287(g), lo que llevó a un grupo de defensa de los inmigrantes a pedir un boicot al Festival de la Uva. Una investigación informó después que al menos 20 personas habían sido detenidas por ICE tras paradas de tráfico en Tontitown antes del acuerdo formal. La convocatoria al boicot, la cobertura televisiva de la protesta y la investigación sobre las detenciones documentaron la disputa.

Otros condados crearon mecanismos para recibir fondos federales vinculados con sus acuerdos 287(g). El condado de Carroll aprobó un fondo especial y su alguacil calculó que el programa podría aportar entre $250,000 y $300,000 durante el año fiscal 2026, según la cobertura local. En el condado de Faulkner, el gobierno aprobó ordenanzas para crear fondos especiales de ingresos para la cárcel y la oficina del alguacil, según los reportes sobre el fondo del programa de ICE y el texto de una ordenanza.

La cooperación también provocó un litigio en Centerton. Dos residentes del condado de Benton, ciudadanos estadounidenses, demandaron a la policía por una parada de tráfico de 2025. Alegaron que agentes los retuvieron por instrucciones de funcionarios federales de inmigración pese a presentar identificaciones válidas. La demanda, contra el jefe de policía y tres agentes, plantea reclamos bajo la Cuarta Enmienda; la demanda federal, la cobertura del caso de una madre y su hijo y documentos con la versión de la policía reflejaron las posiciones enfrentadas.

La expansión del programa 287(g) se convirtió en política estatal con consecuencias concretas. En septiembre, ICE informó que 120 agencias de Tennessee participaban bajo los modelos de Cumplimiento en Cárceles, Servicio de Órdenes de Arresto o Fuerza de Tarea, y que habían realizado más de 1.300 arrestos desde enero de 2025, según el comunicado de ICE, una cobertura en español y otro informe sobre el aumento de los arrestos. La ley obliga a cada oficina del alguacil del condado a suscribir un acuerdo antes del 1 de enero de 2027 o arriesgarse a perder fondos estatales.

El registro de ICE sitúa a Tennessee con 127 agencias participantes, bajo 162 acuerdos distintos, y en el puesto 6.º del país por cantidad absoluta de agencias. El dato muestra la escala de la red estatal, aunque los 120 socios del informe de septiembre corresponden a ese reporte fechado y no sustituyen el registro vigente.

El 30 de agosto, un operativo dirigido por ICE en el club nocturno El Corralón, en Memphis, dejó 121 personas arrestadas. Funcionarios federales lo describieron como una operación multiagencial; los reportes también señalaron órdenes del Buró de Investigación de Tennessee y apoyo de la Patrulla de Carreteras de Tennessee. La cifra fue documentada por el Departamento de Seguridad Nacional, Tennessee Lookout, Chattanooga Times Free Press y Telemundo Nashville.

En septiembre, una jueza federal rechazó suspender temporalmente las paradas de tránsito que la Patrulla de Carreteras de Tennessee realiza en coordinación con ICE. La Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee sostiene que la colaboración facilita perfiles inconstitucionales; el caso continúa y la cooperación sigue vigente, según NewsChannel 5, Memphis Noticias y Telemundo Nashville.

La oficina del alguacil del condado de Knox firmó en septiembre un acuerdo del modelo de Fuerza de Tarea, además del modelo de Cumplimiento en Cárceles que ya tenía. La ampliación permite que agentes capacitados ejerzan autoridad migratoria durante labores policiales rutinarias. Más de 100 líderes religiosos y residentes pidieron terminar la alianza, según la cobertura local, Knox News y Telemundo Nashville.

Durante el verano y en septiembre, otros condados añadieron acuerdos o ampliaron los existentes. Williamson entró al modelo de Servicio de Órdenes de Arresto; Hawkins firmó su primer acuerdo bajo los modelos de Fuerza de Tarea y Servicio de Órdenes de Arresto; y Dyer pasó del modelo de Cumplimiento en Cárceles al de Fuerza de Tarea, según la información sobre Williamson, el acuerdo inicial de Hawkins y la ampliación en Dyer.

ICE también confirmó planes para un Centro de Coordinación de Seguridad Pública de 63 millones de dólares en Tennessee, destinado a apoyar de forma permanente a las agencias estatales y locales participantes en 287(g). Organizaciones comunitarias y de derechos de los inmigrantes se opusieron al proyecto y lo vincularon con la expansión de la cooperación local con ICE, como informó NewsChannel 5.

La red de alianzas de Oklahoma bajo el programa 287(g) creció durante 2026 y quedó vinculada a un aumento de los arrestos relacionados con inmigración. Los reportes basados en registros federales registraron más de 1.800 arrestos entre enero y julio; menos del 20% correspondió a personas con una condena penal, y cinco de las personas arrestadas habían sido condenadas anteriormente por un delito violento. El análisis sobre los arrestos y las alianzas locales con ICE también fue publicado por News From The States, mientras que otro reportaje examinó el papel de las fuerzas del orden de Oklahoma y un informe del Oklahoma Policy Institute describió las consecuencias para las familias y comunidades.

ICE lista actualmente 118 agencias participantes en Oklahoma y 126 acuerdos distintos. Por conteo absoluto de agencias participantes, el estado ocupa el puesto 7.º del país; esa posición describe el tamaño de la red, no la proporción de agencias estatales que participan.

El Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma firmó el año pasado un acuerdo 287(g) que otorgó a agentes capacitados de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma autoridad para identificar, detener y transferir a personas durante controles de tránsito e inspecciones de vehículos comerciales, bajo supervisión de ICE. En septiembre, los reportes indicaron que más de 700 agentes tenían esa autoridad. Una investigación del Christian Science Monitor describió los controles de los agentes estatales, y FreightWaves informó sobre la ampliación de las alianzas de ICE con Oklahoma. El Marshall Project también vinculó el modelo 287(g) con el aumento de los arrestos realizados por agencias locales.

En julio, la Oficina del Sheriff del condado de Tulsa, Oklahoma, firmó un acuerdo 287(g) bajo el modelo Task Force, que amplió su cooperación con ICE más allá de la cárcel del condado. Nueve agentes recibieron certificación, incluidos integrantes de la Unidad de Interdicción de Drogas y agentes asignados a Investigaciones de Seguridad Nacional; el sheriff dijo que los agentes de patrulla no serían certificados. La cobertura local explicó el alcance del nuevo acuerdo, y KTUL detalló las funciones migratorias autorizadas para los agentes. La Semana del Sur publicó la noticia en español.

En el condado de Oklahoma, Oklahoma, los comisionados no avanzaron en agosto con el acuerdo 287(g) propuesto por el sheriff Tommie Johnson III. El punto de la agenda no obtuvo suficiente apoyo y quedó sin efecto porque nadie presentó una moción. OKC Fox informó sobre el rechazo de los comisionados, mientras que The Oklahoman describió la decisión de no considerar la propuesta.

La expansión estatal incluyó nuevos acuerdos con agencias municipales y del condado. La lista vigente de ICE registra 111 agencias participantes en Georgia, lo que coloca al estado en el puesto absoluto 8.º del país; el crecimiento de 2026 se produjo mientras más departamentos y oficinas del alguacil formalizaban su participación en el programa 287(g).

Los departamentos de policía de Flowery Branch, Georgia, y Oakwood, Georgia, firmaron acuerdos del modelo Task Force del programa 287(g) con ICE, incorporando a dos agencias municipales a las alianzas locales de control migratorio del estado. La información sobre las firmas de Flowery Branch y Oakwood describió los acuerdos como una ampliación de las responsabilidades compartidas con la agencia federal.

La Oficina del Alguacil del Condado de Muscogee, Georgia, se incorporó al programa 287(g) en julio de 2026, según reportes que citaron la lista de agencias de ICE. El alguacil Greg Countryman defendió la decisión después de que residentes expresaran críticas en una reunión del Concejo de Columbus, Georgia, y dijo que los agentes se concentrarían en personas que ya estaban bajo investigación, en lugar de realizar patrullajes migratorios generales. La cobertura sobre la solicitud de incorporación de la oficina del alguacil, la defensa de Countryman y las preocupaciones sobre el impacto en la comunidad hispana reflejó el debate local sobre el alcance del acuerdo.

Los datos de la cárcel del condado de Forsyth, Georgia, mostraron un fuerte aumento de las solicitudes de detención de ICE después de que la oficina del alguacil del condado firmara un acuerdo con la agencia federal, aunque las órdenes de expulsión disminuyeron. El análisis de los registros de la cárcel del condado de Forsyth puso el cambio en cifras de detenciones y órdenes de expulsión, y añadió datos concretos al debate sobre los efectos de estas alianzas.

Los acontecimientos reportados se refieren a detención federal, deportación o instalaciones de ICE, sin un vínculo documentado con la cooperación de policías locales; por eso no se incluye ningún desarrollo que cumpla con el alcance de este informe.

En consecuencia, hay poca información noticiosa calificable sobre el programa 287(g) en Louisiana dentro del material revisado. Eso no significa que no haya actividad de control migratorio en el estado, sino que no hay un hecho documentado sobre una alianza local con ICE que reportar aquí.

Según el roster de ICE, el estado cuenta con 94 agencias participantes y 103 acuerdos 287(g), ubicándose en el puesto 9.º a nivel nacional.

En agosto, Alabama registró una expansión del programa 287(g) que incluyó al Departamento de Correcciones del estado y a seis departamentos de policía municipales entre las siete agencias incorporadas. El recuento publicado entonces indicaba que 58 agencias participaban en acuerdos al 20 de julio, después de que 14 se sumaran desde junio; el acuerdo de Correcciones usa el modelo de aplicación en cárceles. La cobertura sobre el acuerdo del sistema penitenciario estatal, los detalles publicados sobre el modelo 287(g) y el aumento de departamentos policiales participantes documentaron el cambio. Otro informe sobre la expansión situó la incorporación dentro de una ampliación más amplia de la cooperación local con ICE.

El registro actual de ICE enumera 80 agencias participantes en Alabama, lo que coloca al estado en el puesto absoluto 10.º del país por número de agencias. Esa cifra refleja la posición vigente del roster, mientras que el recuento de 58 agencias correspondía al corte de julio difundido en agosto.

La expansión no fue uniforme. En agosto, el Departamento de Policía de Anniston, Alabama, retiró su acuerdo del programa 287(g). El jefe Clint Parris dijo que la agencia no había identificado una necesidad local demostrada y que redirigiría recursos hacia la investigación de delitos violentos y de drogas, según la cobertura del retiro. Un reporte en español y otro informe de una publicación comunitaria también recogieron la decisión.

En septiembre, el Concejo Municipal de Tuscumbia, Alabama, aprobó una modificación para terminar la participación del departamento de policía en el modelo de aplicación en cárceles, aunque la agencia permaneció en el modelo de grupo de trabajo del programa 287(g). El departamento señaló que el modelo carcelario exigiría capacitación adicional y más trabajo administrativo, según la cobertura local de la decisión.

La aplicación del programa también apareció en casos individuales. En septiembre, la policía de Alabaster, Alabama, arrestó durante una parada de tráfico a Edwin Edenilson Guerrero-Dueñas, ciudadano salvadoreño, y lo transfirió a la custodia de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la transferencia y citó su situación migratoria y antecedentes penales relacionados con el tráfico, según el reporte en español sobre el caso.

Otra parada de tráfico en Alabama precedió la detención por ICE de Elder Chavez Carranza, un estudiante de Albertville, Alabama, que llevaba más de 200 días bajo custodia migratoria. Los relatos del caso dijeron que un agente le preguntó por su identificación y su situación migratoria antes de que ICE asumiera la custodia; un informe sobre sus más de 200 días detenido describió su versión. Otra cobertura y el reporte de ABC News también situaron el caso en una parada de tráfico en Alabama.

Human Rights Watch informó además que la policía de Alabama detuvo a Teresa M. durante un encuentro relacionado con el tráfico en junio, le preguntó por su situación migratoria y la llevó a la cárcel antes de que agentes federales la transfirieran a la custodia de ICE. El caso, documentado en el informe en inglés y su versión en español, incluyó la separación de Teresa M. de sus hijos.

La actividad registrada en Carolina del Sur combina acuerdos formales, operativos coordinados y decisiones locales sobre cuánto colaborar con el gobierno federal. El registro actual de ICE incluye 61 agencias participantes, una cifra que coloca al estado en el puesto 11.º del país por número absoluto de agencias.

La Oficina del Sheriff del condado de Dorchester, Carolina del Sur, firmó un acuerdo 287(g) con ICE en junio de 2025 y opera bajo ese acuerdo. La oficina confirmó su participación en el programa 287(g) y su acuerdo con ICE.

En julio, ICE, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur y la Policía Estatal de Transporte realizaron un operativo coordinado de control migratorio en la Interestatal 85, en el condado de Spartanburg, Carolina del Sur. Las autoridades informaron que 27 personas fueron detenidas. El operativo fue descrito en un reporte sobre las paradas de tráfico en la I-85 y en una cobertura en portugués sobre las detenciones.

En julio de 2026, ICE presentó una solicitud de retención migratoria a través de autoridades de Carolina del Sur para un hombre arrestado por funcionarios del condado de Greenville, Carolina del Sur, en relación con un atropello con fuga mortal. El caso fue reportado en una nota sobre la solicitud de ICE contra el sospechoso.

La cooperación tampoco fue uniforme. Un correo electrónico interno reportado en febrero de 2025 indicó que el personal del Departamento de Policía de North Charleston, Carolina del Sur, recibió instrucciones de no ayudar a ICE, según un reporte sobre los límites locales a la colaboración.

En otro caso, USCIS informó que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur ayudó a detener a una persona acusada de hacerse pasar por agente de policía y de poseer armas de fuego. ICE tomó a esa persona bajo custodia mientras esperaba una audiencia de deportación, según la publicación de USCIS sobre el caso.

En el material revisado hay poca cobertura noticiosa sobre acuerdos o actividad del programa 287(g) en Mississippi en comparación con la mayoría de los estados. Eso no significa que el estado esté exento de operativos migratorios o de acciones de control; solo que esas otras noticias no aportan un desarrollo local de 287(g) que corresponda incluir aquí.

Según el roster de ICE, el estado cuenta con 60 agencias participantes y 67 acuerdos 287(g), ubicándose en el puesto 11.º a nivel nacional.

El crecimiento de la red estatal del programa 287(g) quedó reflejado en informes publicados en septiembre: 55 agencias locales tenían acuerdos, incluidas 50 bajo el modelo Task Force, mientras un análisis contabilizó casi 5.000 arrestos de ICE desde el inicio de la administración Trump y al menos 257 arrestos realizados mediante el programa 287(g) desde noviembre de 2025. La tendencia fue documentada por un análisis del Kentucky Center for Economic Policy, una cobertura local del informe, un reporte sobre el aumento de los acuerdos y una nota en español sobre los arrestos.

El registro actual de ICE lista 57 agencias participantes en Kentucky y 59 acuerdos distintos; por conteo absoluto de agencias, el estado ocupa el puesto 12.º del país. Esos datos describen la posición vigente del estado, mientras que el recuento de 55 agencias corresponde a la medición publicada en septiembre y el de 257 arrestos a la actividad registrada desde noviembre de 2025.

En Louisville, Kentucky, una decisión adoptada en agosto de 2025 permitió que el Departamento de Correcciones cumpliera solicitudes de detención de ICE durante hasta 48 horas adicionales. Durante el primer año de la política, al menos 528 personas fueron transferidas a ICE y 157 fueron deportadas, según una revisión de la ACLU de Kentucky; un informe sobre el aumento de las solicitudes y la cobertura de los llamados a revertir la política también registraron el cambio.

Las cárceles del norte de Kentucky siguieron integradas en la red local de aplicación migratoria de ICE. Un informe regional identificó un acuerdo del programa 287(g) y un contrato de detención de ICE en el condado de Kenton, Kentucky, además de contratos de detención relacionados con los condados de Boone y Campbell, Kentucky.

La supervisión del Centro de Detención del Condado de Campbell, Kentucky, se intensificó durante julio y agosto después de que legisladores y personas retenidas allí denunciaran comida insuficiente, retrasos en la entrega de medicamentos y atención médica inadecuada. Funcionarios del condado negaron las acusaciones de abuso, mientras legisladores abrieron una investigación; las denuncias y la visita fueron descritas en una cobertura de las condiciones del centro, en documentos de los legisladores y en un reporte sobre la revisión del trato recibido. Personas retenidas también relataron sus condiciones en una cobertura en español.

En septiembre, un caso federal buscó la liberación de Beata Siemionkowicz, residente permanente legal retenida por ICE desde agosto de 2025 en la cárcel del condado de Campbell, Kentucky. Sus abogados cuestionaron la continuación de su detención y citaron las condiciones reportadas en el centro, según una solicitud presentada por la ACLU.

En enero, el grupo comunitario Boone County Is Better pidió al tribunal fiscal del condado de Boone, Kentucky, que revisara la cooperación de la cárcel para alojar a personas arrestadas por ICE y solicitó mayor transparencia después de que un tribunal federal ordenara una audiencia de fianza o la liberación de una persona retenida allí, según la cobertura de la petición.

En septiembre, la oficina del fiscal general Todd Rokita firmó un acuerdo del programa 287(g) con ICE. El convenio permite que investigadores designados reciban capacitación federal y ejerzan funciones específicas de aplicación de las leyes migratorias bajo supervisión de ICE, según la cobertura del anuncio, la información publicada por el estado, un reporte sobre el acuerdo y otra cobertura regional.

Rokita también pidió a los 92 alguaciles de condado de Indiana que buscaran acuerdos similares. El registro de acuerdos de 2026 enumera 47 agencias participantes y 50 acuerdos en el estado, lo que coloca a Indiana en el puesto 14.º del país por número absoluto de agencias participantes; el acuerdo de la fiscalía general se suma así a una red estatal que ya se estaba ampliando.

Entre agosto y septiembre, la operación de ICE llamada Safe Community–Indiana produjo 426 arrestos durante cinco días. ICE dijo que hubo cooperación de agencias estatales y locales y que entre las personas arrestadas había algunas con historiales registrados por delitos como agresión, violencia doméstica, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, según la cobertura en español de Univision, un reporte sobre la operación y la cobertura de WFYI. Gran parte de la actividad se concentró en el área metropolitana de Indianápolis.

En septiembre, la Policía Estatal de Indiana solicitó una subvención federal para tecnología de investigación vinculada con la aplicación de las leyes migratorias y otras investigaciones criminales. Las reglas del programa exigían que la agencia participara en el programa 287(g) o se comprometiera a incorporarse, pero el reporte sobre la solicitud no estableció que la Policía Estatal hubiera completado un nuevo acuerdo.

Después del llamado de Rokita, algunos alguaciles del sur de Indiana subrayaron que atender las llamadas locales seguiría siendo su prioridad. Esa respuesta ofreció un contrapunto limitado a la campaña estatal para ampliar la participación en el programa 287(g), según la cobertura de los alguaciles.

El programa 287(g) mantiene una presencia amplia en Kansas: ICE registra 47 agencias participantes y 58 acuerdos, lo que coloca al estado en el puesto 14.º del país por cantidad absoluta de agencias. Funcionarios de Kansas describieron la colaboración existente como una red que incluye a la Oficina de Investigación de Kansas, 35 condados y 10 ciudades.

En septiembre, Kobach pidió a más oficinas de alguaciles y otras agencias policiales locales que se capacitaran para ayudar en operaciones del ICE. Su llamado incluyó la ejecución de detenciones relacionadas con inmigración y órdenes de deportación, y fue recogido en un informe sobre su vínculo entre un homicidio y una orden de deportación incumplida, una nota sobre su argumento a favor de una mayor cooperación policial, la cobertura de la respuesta del fiscal general y otro reporte sobre su llamado a las autoridades locales.

Kobach presentó el homicidio del suroeste de Kansas como evidencia de que las agencias locales debían cooperar más estrechamente con el ICE. La cobertura estatal describió su propuesta de ampliar las operaciones del ICE, mientras otra nota recogió su llamado a las oficinas de alguaciles de Kansas. La relación que estableció entre el homicidio y una orden de deportación no resuelta forma parte del debate político estatal sobre hasta dónde deben llegar las autoridades locales en la aplicación de la ley migratoria.

La operación estatal marcó el ritmo de la aplicación de las leyes migratorias en Virginia Occidental durante el año. En enero, agencias estatales y locales se sumaron a ICE en la Operación Country Roads, que se extendió durante dos semanas y terminó con aproximadamente 600 personas detenidas, según un informe sobre el operativo, una versión publicada por otra emisora, un análisis regional y otro reporte del operativo.

El aumento de la colaboración local no quedó limitado a esa operación. Un examen regional publicado en septiembre informó que la policía estatal y las agencias locales de Virginia Occidental hicieron más arrestos para ICE en 2026 que en 2025; otro reporte sobre la región describió a las policías locales como parte del aumento de la aplicación de las leyes migratorias en los Apalaches.

La lista vigente de ICE registra 43 agencias participantes en Virginia Occidental, lo que ubica al estado en el puesto absoluto 16.º del país por número de agencias. Ese dato sitúa la expansión de las alianzas locales dentro del programa 287(g), aunque el alcance de la actividad estatal también incluyó la operación conjunta de enero.

Tras la Operación Country Roads, Virginia Occidental dejó de mantener a personas detenidas por ICE en sus cárceles. Para la primavera, reportes indicaban que el sistema carcelario estatal ya no formaba parte de la red federal de detención migratoria, según la cobertura del cambio, un análisis sobre el negocio de la detención y un informe sobre el papel económico de las cárceles rurales.

La salida del sistema carcelario estatal no puso fin a la cooperación de los condados con ICE. En febrero, el Departamento del Sheriff del condado de Doddridge se incorporó a la alianza federal de aplicación migratoria bajo el programa 287(g); para octubre, el departamento había reportado dos detenciones relacionadas con inmigración y más de 137.000 dólares en fondos federales o pagos elegibles vinculados al programa, según un reporte estatal sobre los arrestos y el financiamiento.

La entrada en vigor de la ley marcó una ampliación estatal de la cooperación con ICE bajo el programa 287(g). ICE lista actualmente 31 agencias participantes en Carolina del Norte, que ocupa el puesto 17.º del país por conteo absoluto; el registro también incluye 34 acuerdos distintos.

La Ley de Protección Fronteriza de Carolina del Norte, conocida como SB 153, comenzó a aplicarse el 1 de octubre. La Patrulla Estatal de Carreteras, la División de Control de Bebidas Alcohólicas, la Oficina Estatal de Investigaciones y el Departamento de Corrección de Adultos firmaron acuerdos 287(g) con ICE. La cobertura sobre los acuerdos de las agencias estatales, los documentos y detalles de los convenios, el acuerdo de la Patrulla Estatal y otras agencias y la implementación de la ley describieron el alcance de la medida.

La Patrulla Estatal adoptó el modelo de Fuerza de Tarea, que permite a agentes designados ejercer funciones migratorias específicas durante ciertas labores policiales. El acuerdo del sistema penitenciario permite que personal designado tome medidas migratorias determinadas con personas bajo custodia estatal. Los acuerdos firmados por las cuatro agencias, las nuevas reglas para la Patrulla de Carreteras y el convenio de la Patrulla Estatal con ICE detallaron esas responsabilidades.

En septiembre, la Oficina del Alguacil del condado de Caldwell, Carolina del Norte, firmó un acuerdo 287(g) del modelo de Fuerza de Tarea. El convenio amplió el acuerdo basado en la cárcel que la oficina mantenía desde 2020 y permite que agentes capacitados realicen funciones migratorias específicas durante labores policiales ordinarias fuera del centro de detención. La ampliación de las atribuciones de los agentes en la calle y la lista de condados de Carolina del Norte con acuerdos 287(g) describieron el cambio.

El Departamento de Policía de Pikeville, en el condado de Wayne, Carolina del Norte, firmó el 20 de agosto un acuerdo 287(g) del modelo de Fuerza de Tarea. El convenio autoriza a agentes designados a ejercer funciones migratorias específicas durante tareas policiales rutinarias y operaciones comunitarias, según la información sobre la incorporación de Pikeville al programa.

En septiembre, agentes de ICE fueron reportados junto a la Oficina del Alguacil del condado de Columbus, Carolina del Norte, durante un control de licencias de conducir en Tabor City, Carolina del Norte. Siembra NC y testigos dijeron que al menos 10 personas fueron arrestadas o detenidas y que a algunos conductores latinos les preguntaron dónde habían nacido y cuál era su estatus migratorio; el reporte sobre los arrestos y los testimonios de familias que buscaban a personas desaparecidas recogieron esas versiones.

En el condado de Guilford, Carolina del Norte, un funcionario de detención de la oficina del alguacil fue acusado de 20 delitos graves después de que investigadores encontraron presuntas firmas falsificadas de magistrados en formularios usados para mantener a personas en la cárcel por solicitudes de retención de ICE. El procedimiento estatal exige autorización de un magistrado para una retención de hasta 48 horas; la investigación sobre los formularios y los cargos contra el funcionario describieron el caso.

Los datos federales analizados por NHPR, Keene Sentinel, Libero y La República mostraron que las policías locales representaron casi la mitad de las 198 personas detenidas por razones migratorias en New Hampshire entre mayo y julio de 2026. El análisis también señaló que más de 700 personas habían sido detenidas en el estado desde el comienzo de la segunda administración de Trump. ICE lista actualmente 29 agencias participantes en New Hampshire, lo que coloca al estado en el puesto 18.º del país por conteo absoluto de agencias.

En agosto, la Unión Americana de Libertades Civiles de New Hampshire demandó a la Policía Estatal por los registros relacionados con su acuerdo 287(g) con ICE. La demanda, cubierta por NHPR, Concord Monitor e InDepthNH.org, alegó que la agencia no había entregado a tiempo documentos solicitados bajo la Ley de Derecho a Saber del estado. El acuerdo permite que agentes estatales capacitados colaboren con la aplicación federal de las leyes migratorias.

Una ley promulgada en 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026 impide que el estado, los condados, los municipios y otras subdivisiones políticas prohíban o dificulten que las agencias locales suscriban acuerdos 287(g) con ICE. El texto de la medida está disponible en la legislación estatal.

En julio, la Policía de Rindge firmó un acuerdo 287(g) que otorgó a ciertos agentes facultades específicas de control migratorio bajo supervisión federal, según informó Monadnock Ledger-Transcript.

La Policía de Whitefield recibió en septiembre $122,000 en fondos federales vinculados con su participación en el programa 287(g). NEK News informó que funcionarios municipales dijeron que el dinero estaba limitado a equipos y tecnología; la Junta de Concejales no aprobó en su primera consideración una propuesta para comprar pistolas de reemplazo.

En Manchester, la Junta de Alcalde y Concejales votó en agosto contra la firma de un nuevo acuerdo 287(g), después de que el departamento de policía rechazara incorporarse al arreglo en la primavera. NHPR informó sobre la decisión. En julio, una coalición estatal de organizaciones de derechos civiles lanzó una petición para pedir que las agencias de seguridad de New Hampshire terminaran sus alianzas 287(g) con ICE.

Los datos de ICE citados en julio atribuyeron 15 de las 51 detenciones realizadas bajo acuerdos 287(g) de New Hampshire hasta el 10 de marzo al condado de Cheshire. Valley News identificó a la Policía de Troy como la única agencia participante del condado durante ese periodo.

En septiembre, funcionarios de Keene publicaron una guía sobre los límites entre la labor policial local y la aplicación federal de las leyes migratorias. La policía reiteró que no había firmado un acuerdo 287(g) con ICE, según la guía municipal.

En septiembre, un juez federal bloqueó disposiciones clave de la ley de Virginia que restringía la cooperación de las policías locales con ICE, incluidas las que habrían obligado a reescribir acuerdos existentes del programa 287(g). La orden permite que esos acuerdos continúen mientras se resuelve la demanda federal, aunque la gobernadora Abigail Spanberger había ordenado por separado a las agencias estatales terminar sus acuerdos 287(g) y había promulgado una ley para limitar nuevos convenios locales. El fallo fue descrito en un reporte sobre la decisión judicial, una cobertura de las restricciones impulsadas por Spanberger, el informe sobre los acuerdos locales existentes y la resolución que permite continuar el trabajo local para ICE.

ICE lista actualmente 22 agencias participantes en Virginia, lo que coloca al estado en el puesto absoluto 19.º del país por número de agencias. Ese registro convive con el intento del gobierno estatal de reducir la cooperación y con nuevas disputas sobre qué prácticas locales quedan cubiertas por los acuerdos del programa 287(g).

En junio, agentes de la oficina del alguacil del condado de Greene, Virginia, confirmaron que trabajaron con ICE durante una operación en Ruckersville, Virginia, que incluyó paradas de tráfico y varios arrestos. La oficina del alguacil no informó cuántas personas fueron arrestadas ni identificó a las personas detenidas, según la cobertura de la operación.

Documentos obtenidos mediante solicitudes de información pública y divulgados en septiembre mostraron contactos de la oficina del alguacil del condado de Loudoun, Virginia, con ICE cuando sus agentes encontraban a personas señaladas por órdenes migratorias. Los registros describieron prácticas de intercambio de información que, según organizaciones defensoras, iban más allá de la función del Modelo de Servicio de Órdenes del programa 287(g) que la oficina había explicado anteriormente. El alguacil Mike Chapman afirmó que sus agentes no realizan operativos migratorios en el terreno para ICE ni mantienen a personas únicamente por solicitudes administrativas de detención migratoria, aunque reconoció que notifican a ICE sobre ciertos registros y encuentros. Los documentos de información pública, la cobertura local sobre la entrega de información y la respuesta de Chapman a las acusaciones reflejaron la disputa sobre el alcance de esa cooperación.

Los registros del condado de Fairfax, Virginia, correspondientes de enero de 2025 a abril de 2026 mostraron que el condado rechazó 615 solicitudes de detención de ICE y transfirió a 11 personas a la custodia federal. Funcionarios del condado defendieron la norma que exige una orden judicial para mantener a una persona bajo custodia después de su fecha de liberación, mientras funcionarios federales y legisladores republicanos del Congreso criticaron esos límites a la cooperación, según un análisis de los registros y la cobertura del enfrentamiento político.

En agosto, un reportaje situó a la cárcel regional de Rappahannock, Virginia, dentro de la red estatal de instalaciones locales vinculadas a la aplicación federal de las leyes migratorias: cientos de personas que después fueron deportadas por ICE habían estado recluidas allí, según los datos sobre la cárcel regional.

La cobertura estatal de 2026 registró un aumento de las detenciones de ICE y del uso de cárceles locales, junto con disputas sobre el papel de los alguaciles en el programa 287(g). El registro actual de ICE incluye 22 agencias participantes en Wisconsin, una cifra que ubica al estado en el puesto 19.º del país por número absoluto de agencias; ese lugar no refleja por sí solo el alcance de otras acciones de control migratorio en el estado.

Los datos de ICE y los reportes estatales indicaron que la mayoría de los arrestos de ICE en Wisconsin durante junio y julio ocurrieron en cárceles o prisiones. Más de la mitad de las personas bajo custodia de ICE no tenían condenas penales, según los análisis publicados en un informe sobre los nuevos máximos de arrestos de ICE en Wisconsin, datos sobre el aumento de personas retenidas en cárceles del estado, y la presión que enfrentaron los abogados de inmigración. Un testimonio sobre una persona que pasó casi un mes bajo custodia de ICE mostró el impacto individual de ese aumento.

En el condado de Kenosha, Wisconsin, el alguacil David Zoerner fue reportado en diciembre de 2025 como firmante de un acuerdo 287(g) con ICE, después de haberse opuesto públicamente a la participación. El reporte sobre la firma secreta y el cambio de postura describió acusaciones de maniobras políticas; otros reportes documentaron que la oficina de Zoerner había limitado o terminado el cumplimiento de solicitudes de detención de ICE. La decisión de dejar de cooperar con ICE y la defensa pública de esa postura dejaron en disputa cómo se aplicaría el acuerdo 287(g).

La controversia llegó también a los tribunales. En mayo de 2026, un juez federal devolvió a la Corte Suprema de Wisconsin una demanda sobre la manera en que los alguaciles manejan las solicitudes de detención de ICE, al rechazar el intento de los alguaciles de trasladar el caso a un tribunal federal. La ACLU de Wisconsin presentó la demanda en nombre de Voces de la Frontera, según el anuncio sobre la devolución del caso al tribunal estatal.

La disputa política había quedado planteada desde el año pasado. En marzo de 2025, la Asamblea de Wisconsin aprobó una medida respaldada por republicanos que habría obligado a los alguaciles a cooperar con ICE y a detener a ciertas personas acusadas de delitos, bajo amenaza de perder fondos estatales. El gobernador Tony Evers dijo que vetaría la propuesta, que fue enviada al Senado, según el reporte sobre la votación de la Asamblea.

Estos acuerdos asignan a policías y funcionarios penitenciarios locales funciones definidas en la aplicación federal de las leyes migratorias, y convierten el alcance y la supervisión de la cooperación entre Ohio e ICE en un asunto estatal.

En Ohio, ICE lista actualmente 19 agencias participantes y 23 acuerdos distintos del programa 287(g). Por conteo absoluto de agencias, el estado ocupa el puesto 21.º del país, una posición que sitúa su red en la mitad inferior del listado nacional, no entre las de mayor participación.

En julio, el Departamento de Policía de Utica, Ohio, firmó un acuerdo 287(g) bajo el modelo de grupo de trabajo con ICE. El convenio permite que sus agentes ejerzan una autoridad migratoria limitada durante tareas policiales rutinarias y participen en grupos de trabajo dirigidos por ICE; Utica fue identificada como la primera agencia de seguridad pública del centro de Ohio en suscribir un acuerdo de ese tipo, según la cobertura del acuerdo con Utica.

La red de acuerdos 287(g) a nivel de condado incluye convenios penitenciarios con Butler, Clermont y Warren, Ohio. Butler también mantiene un contrato separado para retener a personas para ICE, y funcionarios federales destacaron esas alianzas durante una mesa redonda celebrada en septiembre en el condado de Warren, Ohio, con la participación de dirigentes locales de seguridad pública. La reunión fue cubierta por Cincinnati.com, Freedom Is Back in Style y Local 12.

En el registro vigente, ICE incluye 17 agencias participantes y 21 acuerdos en Dakota del Norte. Ese recuento no demuestra por sí solo una nueva expansión estatal del programa 287(g); la cobertura de este periodo se concentró en la cooperación operativa y la detención de personas en el centro de detención de los condados de Burleigh y Morton.

En septiembre, agentes del alguacil del condado de Burleigh arrestaron a dos personas después de que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se comunicara con el departamento por presuntas infracciones migratorias. El departamento asignó a un investigador como enlace con ICE y HSI, y prestó asistencia adicional durante operaciones en el área de Bismarck que produjeron más de una docena de ingresos en el Centro de Detención de Burleigh-Morton, según otro reporte sobre las operaciones y una cobertura local adicional.

El Centro de Detención de Burleigh-Morton mantiene desde hace años una relación con las autoridades migratorias federales y ha alojado a personas detenidas por ICE mediante acuerdos entre los gobiernos local y federal. En septiembre, funcionarios dijeron que allí había unas 16 o 17 personas bajo custodia migratoria, mientras el centro también reservaba camas para personas encarceladas por autoridades estatales y locales; KFYR informó sobre la relación del centro con ICE y Bismarck Source describió la prioridad dada a las retenciones locales.

La cobertura disponible para este periodo es limitada y se refiere sobre todo a esa cooperación y a la custodia en el centro de Burleigh-Morton, no a una expansión documentada de acuerdos 287(g) en todo Dakota del Norte. Hay poca información noticiosa sobre actividad 287(g) en el estado en comparación con la de la mayoría de los lugares, pero eso no significa que la aplicación de las leyes migratorias sea escasa o inexistente fuera de esos acuerdos.

El estado se ubica en el puesto 22.º a nivel nacional por número de agencias participantes en 287(g).

En 2026, Idaho pasó de una asociación estatal basada en la Policía Estatal de Idaho y el modelo de grupo especial a una red más amplia de acuerdos 287(g). El registro de ICE enumera 16 agencias participantes y 17 acuerdos; por número absoluto de agencias, Idaho ocupa el puesto 23.º del país. La red incluye al sistema penitenciario estatal, departamentos municipales y oficinas del alguacil.

En agosto, el Departamento de Corrección de Idaho firmó con ICE un acuerdo de funcionario para prestar órdenes dentro del programa 287(g). Permite que funcionarios penitenciarios designados entreguen ciertas órdenes administrativas migratorias ya emitidas a personas encarceladas en prisiones estatales y coordinen su traslado a custodia federal al terminar sus condenas estatales. La medida fue descrita en la cobertura del Idaho State Journal, KIVI, Dailyfly News y Idaho Capital Sun.

El acuerdo amplió la cooperación previa de la Policía Estatal de Idaho, que opera bajo un modelo de grupo especial. A diferencia de una autoridad migratoria general, se concentra en personas bajo custodia estatal y en la posible entrega a ICE, según el anuncio de la oficina del gobernador.

En julio, el Departamento de Policía de Post Falls se convirtió en el primer departamento municipal del estado en firmar un acuerdo 287(g) con ICE. El modelo de prestación de órdenes permite que agentes designados y capacitados cumplan ciertas órdenes administrativas en cárceles y ayuden a transferir personas a custodia federal, bajo supervisión de ICE, según KXLY, 111 Things y The Spokesman-Review.

Post Falls informó de 15 arrestos relacionados con la aplicación de las leyes migratorias. Trece ocurrieron durante operativos conjuntos en agosto, mientras los agentes recibían orientación y capacitación para implementar el acuerdo, y otros dos durante labores regulares la semana siguiente. El departamento advirtió que el total registrado durante la capacitación podría no reflejar sus operaciones futuras, según la información disponible en español y la cobertura de KHQ.

En agosto, la Oficina del Alguacil del condado de Clearwater también firmó un acuerdo 287(g) de prestación de órdenes con ICE. La oficina dijo que el personal seleccionado había completado la capacitación y que el convenio se aplicaba a personas bajo custodia del condado sujetas a órdenes migratorias federales que cumplían los requisitos, según KREM y Idaho County Free Press.

La Oficina del Alguacil del condado de Ada adoptó el modelo 287(g) de prestación de órdenes. El alguacil Matt Clifford lo describió como la opción de menor impacto para su agencia: limita al personal participante a cumplir ciertas órdenes migratorias sobre personas bajo custodia de la oficina, con supervisión de ICE, según un análisis publicado sobre la participación de Idaho en el programa.

Durante el transcurso del año pasado y hasta este verano, el panorama de la aplicación de las leyes de inmigración en el estado se transformó tras una serie de nuevos acuerdos 287(g). ICE enumera actualmente a 13 agencias participantes en Utah, lo que sitúa al estado en el puesto 22.º a nivel nacional. A pesar del crecimiento del programa, informes locales destacaron preocupaciones persistentes sobre la falta de transparencia, señalando que la mayoría de las agencias involucradas evitaron explicar públicamente cómo funcionan sus alianzas en la práctica.

El mayor punto de debate a nivel local ocurrió en julio del año pasado, cuando la Comisión del condado de Utah aprobó por unanimidad una serie de alianzas 287(g) —que incluyen los modelos de fuerza de trabajo y de servicio de órdenes de arresto— así como un pacto para compartir bases de datos policiales de manera segura con ICE. Las medidas fueron adoptadas tras horas de testimonios públicos por parte de residentes, quienes advirtieron que los acuerdos podrían fomentar el perfil racial y provocar la separación de familias formadas por personas arrestadas y procesadas para deportación.

La misma dinámica se extendió a otros gobiernos locales durante el verano del año pasado. El condado de Weber formalizó un acuerdo de cooperación 287(g) en julio, mientras que, a principios de agosto, el condado de Wasatch se convirtió en la novena oficina del alguacil en todo el estado en firmar un acuerdo directo con la agencia migratoria.

La expansión de autoridades delegadas no se limitó a los condados; en agosto del año pasado, el Departamento de Policía de Riverton anunció la firma de un memorando de acuerdo bajo el programa 287(g). Con este paso, Riverton marcó un hito al establecerse como el primer departamento de policía municipal de Utah en unirse a los esfuerzos federales de aplicación de la ley.

A pesar del creciente número de jurisdicciones integradas al programa, la Asociación de Alguaciles de Utah expresó su frustración con ICE luego de que funcionarios federales intentaran reclutar directamente a agentes locales para operativos de inmigración sin previa coordinación con los líderes policiales de cada condado. Por su parte y en ese mismo periodo, la Guardia Nacional de Utah solicitó personal voluntario para asistir al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE, ofreciendo servicios logísticos, administrativos y de transporte no coercitivos para apoyar las misiones de las autoridades de inmigración.

En 2025, funcionarios de Nebraska ordenaron a la Patrulla Estatal colaborar con ICE en tareas de control migratorio, y el estado permitió que la agencia federal utilizara una antigua prisión estatal para alojar a cientos de personas. La lista vigente de ICE incluye 14 agencias participantes en Nebraska, lo que coloca al estado en el puesto 25.º del país por número absoluto de agencias; ese registro convive con formas de cooperación que no siempre aparecen como acuerdos formales del programa 287(g).

La directiva estatal y el acuerdo para la instalación de McCook ampliaron la capacidad de ICE para realizar traslados y detenciones dentro de Nebraska. Un recuento de la cooperación del gobernador con ICE y del uso de la antigua prisión describió cómo trabajadores estatales y autoridades locales quedaron incorporados a esa operación.

En mayo de 2025, ICE aprobó un acuerdo del modelo de grupo de tareas del programa 287(g) con la oficina del sheriff del condado de Wheeler, el segundo acuerdo de este tipo reportado en Nebraska y el primero del estado bajo ese modelo. El convenio permite que agentes locales realicen determinadas funciones de control migratorio bajo supervisión federal, según la cobertura del acuerdo en uno de los condados menos poblados de Nebraska y la versión en español sobre la firma.

En septiembre de 2026, reportes sobre la oficina del sheriff del condado de Douglas señalaron que algunos casos habían sido remitidos a ICE por identificadores como licencias faltantes o nombres anteriores, pese a que la oficina no tenía un contrato formal con la agencia. Funcionarios de la Patrulla Estatal también dijeron que sus agentes habían tomado bajo custodia a 38 personas encarceladas en el condado de Douglas para entregarlas a ICE antes de su salida de la cárcel; el sheriff planteó además que la cárcel del condado alojara a personas bajo custodia de ICE. Los detalles fueron publicados por Flatwater Free Press, The Reader y Journal Star.

La antigua Work Ethic Camp de McCook empezó a aceptar personas detenidas por ICE en noviembre de 2025 bajo el acuerdo de Nebraska con la agencia federal. En agosto de 2026, manifestantes de distintas partes del estado protestaron frente a la instalación, mientras legisladores cuestionaban los planes para crear cuartos de aislamiento y el gobernador seguía defendiendo la alianza. Nebraska Examiner informó sobre la continuidad de las protestas y la defensa del acuerdo por parte del gobernador, y otra cobertura describió la manifestación en McCook.

La oposición también llegó a la Legislatura. Un proyecto reportado en enero de 2026 buscó anular la alianza entre Nebraska e ICE para la antigua prisión estatal de McCook, sumando un desafío legislativo a las protestas y a las críticas sobre las condiciones y el uso de la instalación, según la información sobre la iniciativa.

La cooperación de South Dakota con ICE se consolidó alrededor del programa 287(g) de la Patrulla de Carreteras. En julio, funcionarios estatales informaron que decenas de agentes participaban en el acuerdo, que había producido más de 204 arrestos relacionados con inmigración y que el estado había recibido $150,418 para nómina, equipos y tecnología, según el anuncio sobre los fondos federales y el acuerdo 287(g), un informe sobre los resultados y el financiamiento, la cobertura del subsidio de $150,000 y el desglose inicial del apoyo federal.

En octubre, el estado anunció aproximadamente $480,000 adicionales y reportó que los arrestos relacionados con inmigración habían llegado a 261. La información fue recogida en la cobertura de la ampliación del apoyo estatal a ICE y el anuncio sobre la extensión del respaldo de la Guardia Nacional.

El balance coloca al programa 287(g) en el centro de la estrategia estatal de cooperación con ICE: agentes de la Patrulla de Carreteras participaron en tareas que el estado vinculó con arrestos relacionados con inmigración, mientras el gobierno federal aportó fondos para sostener esa capacidad. En el registro actual, ICE incluye 14 agencias participantes de South Dakota y 16 acuerdos; el estado ocupa el puesto 25.º del país por número absoluto de agencias participantes.

Los reportes estatales presentaron los arrestos y la ayuda federal como resultados de la asociación, mientras que la extensión anunciada en octubre mantuvo el apoyo estatal a las operaciones de ICE hasta 2027. El desarrollo deja documentado tanto el alcance operativo del acuerdo 287(g) como su dependencia de financiamiento federal adicional.

La expansión del programa 287(g) en Wyoming combinó nuevos acuerdos, cooperación carcelaria y transferencias de personas bajo custodia de ICE. ICE registra 14 agencias participantes y 20 acuerdos en el estado; por número absoluto de agencias, Wyoming ocupa el puesto 25.º del país, una posición intermedia que no lo coloca entre los estados con más participación. Los hechos documentados muestran que estos convenios alcanzaron más allá de las agencias que los firmaron directamente.

En agosto, ICE describió un acuerdo del modelo Task Force del programa 287(g) con la Patrulla de Carreteras de Wyoming. Permite que agentes estatales capacitados ejerzan ciertas funciones migratorias durante controles de tránsito e inspecciones de vehículos comerciales; el despliegue inicial involucró a un número limitado de agentes en cinco condados, según la descripción del acuerdo y su alcance operativo, la explicación del jefe de la Patrulla de Carreteras y un informe sobre la conversión de policías estatales y locales en agentes de aplicación migratoria. Una defensora advirtió que podía afectar la seguridad pública, mientras las autoridades describieron el inicio como limitado.

En el condado de Laramie, un juez desestimó la demanda contra los tres acuerdos 287(g) del alguacil con ICE. La ACLU de Wyoming dijo en septiembre que apelaría ante la Corte Suprema de Wyoming, por lo que la desestimación no resolvió si el alguacil tenía autoridad para firmarlos. La demanda alegaba que se aprobaron sin la autorización requerida del condado ni participación pública, según la cobertura de la disputa judicial, el anuncio de la apelación y los reportes sobre la falta de documentos que demostraran el cumplimiento del procedimiento estatal. El gobierno federal respaldó al alguacil durante la solicitud de desestimación, según otro informe del caso.

Los registros del condado de Campbell mostraron que las agencias policiales transfirieron a 87 personas a la custodia de ICE entre mayo de 2025 y comienzos de junio de 2026. La mayoría había sido arrestada por hechos no violentos o relacionados con el tránsito; aproximadamente la mitad no enfrentó cargos ante la Corte de Distrito. Algunas transferencias complicaron investigaciones de delitos violentos, según el análisis de los expedientes, la revisión del periodo de 13 meses y la cobertura local de los casos no procesados.

La colaboración del condado de Laramie también alcanzó casos originados en los departamentos de policía de Cheyenne y Pine Bluffs, Wyoming. Esas agencias municipales no tenían acuerdos 287(g) comparables, pero a veces buscaron ayuda de agentes del condado certificados por ICE, según la investigación sobre el alcance de la cooperación más allá de las agencias firmantes y la cobertura regional del mismo patrón.

En julio, los comisionados del condado de Teton aprobaron $70,000 para una evaluación independiente de las políticas migratorias del alguacil. El fiscal del condado dijo que seguía sin resolverse la legalidad de retener hasta 48 horas a personas para transferirlas a ICE, según la cobertura de la revisión y de esas retenciones.

En julio, un juez federal rechazó bloquear temporalmente la Proposición 314, una iniciativa que autoriza a la policía estatal y local a arrestar a personas que cruzan la frontera fuera de los puertos de entrada legales y permite a los jueces estatales ordenar deportaciones. El magistrado dictaminó que era demasiado pronto para suspender la ley porque aún no se había arrestado a nadie bajo sus disposiciones, a pesar de que grupos de derechos civiles argumentaron en los tribunales que la normativa estatal usurpa de manera inconstitucional la autoridad exclusiva de las agencias migratorias federales.

A nivel local, un juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa anuló un acuerdo de fuerza de tarea conjunta bajo el programa 287(g) firmado por el fiscal del condado de Pinal con ICE. El tribunal determinó a principios de este año que el fiscal carecía de la autoridad legal para suscribir esa alianza de control migratorio sin la aprobación formal de la Junta de Supervisores del condado. Actualmente, ICE mantiene acuerdos activos del programa 287(g) con 9 agencias en Arizona, ocupando el puesto 27.º a nivel nacional.

Por su parte, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se unió a una coalición de dos docenas de estados en una demanda en tribunales federales para impugnar la política de la administración Trump de retener subsidios de seguridad nacional y manejo de emergencias. La acción legal cuestiona la autoridad del gobierno federal para condicionar estos fondos a que las jurisdicciones estatales y locales acepten colaborar con las prioridades de aplicación de la ley de ICE.

Tras otra intervención legal de la oficina de la fiscal general, las autoridades migratorias acordaron en julio pausar la conversión de un gran almacén en Surprise en un centro de detención de ICE, a la espera de que se complete una revisión ambiental obligatoria.

En otras fricciones sobre el cumplimiento de las leyes migratorias, un grupo legal conservador demandó en julio a la gobernadora Katie Hobbs para exigir registros sobre los fondos públicos utilizados en un sitio web estatal que informa a los habitantes de Arizona sobre sus derechos ante encuentros con agentes de inmigración. Esta tensión coincidió con una exposición de seguridad fronteriza celebrada en Phoenix esta primavera, donde funcionarios federales advirtieron que ICE incrementaría las operaciones y los arrestos "colaterales" en las ciudades de Arizona que decidan no cooperar con los agentes, lo que generó un fuerte rechazo público por parte de la alcaldesa de Tucson y legisladores locales.

En julio, un juez federal desestimó una demanda del Departamento de Justicia que buscaba anular las políticas implementadas en Minnesota, Mineápolis, St. Paul y el condado de Hennepin para limitar la cooperación de las autoridades locales con ICE. El fallo, que cerró un litigio iniciado por la administración federal, determinó que el gobierno de Estados Unidos no puede obligar a las entidades estatales y locales a cumplir con las órdenes de retención migratoria ni a participar en la aplicación de las leyes federales.

A pesar de las limitaciones a nivel estatal, la participación local en el control de inmigración ha experimentado un crecimiento reciente. A lo largo del año pasado, los alguaciles de ocho condados rurales de Minnesota (Cass, Crow Wing, Freeborn, Itasca, Jackson, Kandiyohi, Mille Lacs y Sherburne) firmaron acuerdos del programa 287(g) con ICE para delegar ciertas funciones federales a los ayudantes locales. Actualmente, la agencia federal reporta 9 agencias participantes en Minnesota, ubicando al estado en el puesto 27.º de este tipo a nivel nacional.

La expansión de estos acuerdos ha generado respuestas legales. A finales del año pasado, la ACLU de Minnesota presentó una demanda contra el condado de Freeborn para impugnar su acuerdo 287(g). La organización de derechos civiles argumentó que el pacto viola la ley estatal al permitir que las cárceles del condado mantengan bajo custodia a personas sospechosas de delitos no migratorios por más tiempo del normalmente permitido.

Las dudas legales sobre los contratos también provocaron revisiones administrativas. En febrero, los comisionados del condado de Kandiyohi sometieron a revisión formal el acuerdo 287(g) firmado por su alguacil, luego de que una opinión del fiscal general del estado planteara preguntas sobre la validez jurídica de la asociación.

En otras partes del estado, la participación de las fuerzas del orden ha enfrentado el rechazo del público. Durante el verano, residentes y defensores de los derechos civiles abarrotaron una reunión de la junta del condado de Crow Wing para protestar contra el acuerdo de grupo de trabajo del programa 287(g) que la oficina del alguacil local mantiene con ICE.

El panorama de la aplicación de las leyes de inmigración en Michigan ha visto una expansión reciente, con el estado albergando actualmente a 8 agencias participantes en el programa 287(g), lo que lo ubica en el puesto 30.º a nivel nacional. Este verano, la Oficina del Sheriff del condado de Livingston, Michigan, firmó un acuerdo 287(g) bajo el modelo de Oficial de Servicio de Órdenes. El arreglo autoriza a ciertos agentes delegados a entregar órdenes administrativas federales a las personas recluidas en la cárcel del condado.

La asociación del condado de Livingston sigue a otros acuerdos establecidos el año pasado por el condado de Jackson, Michigan, y la ciudad de Taylor, Michigan. El condado de Jackson ingresó al programa de servicio de órdenes en abril del año pasado, mientras que el Departamento de Policía de Taylor adoptó el modelo más amplio de Fuerza de Tarea al mes siguiente.

Aunque algunas jurisdicciones han ampliado su colaboración, otras han dado marcha atrás. La Autoridad Policial Metropolitana del condado de Genesee, Michigan, también firmó un acuerdo de Fuerza de Tarea el verano pasado, pero el jefe de policía rescindió la asociación unos meses después, citando la escasez de personal en el departamento.

Las alianzas locales han provocado un rechazo organizado de la comunidad en múltiples jurisdicciones. A principios de este año, residentes y defensores en el condado de Berrien, Michigan, y en el pueblo de Oakley, en el condado de Saginaw, Michigan, organizaron protestas y reuniones públicas para instar a los funcionarios locales a terminar sus acuerdos policiales.

El registro vigente de ICE incluye a 8 agencias participantes en Montana y 8 acuerdos distintos; por conteo absoluto de agencias, el estado ocupa el puesto 30.º del país. La actividad noticiosa del programa 287(g) en Montana se ha concentrado en la pausa del acuerdo del condado de Gallatin y en las disputas sobre los límites de la cooperación local, más que en una expansión estatal documentada.

En mayo y junio, el condado de Gallatin suspendió las operaciones bajo su acuerdo 287(g) con ICE después de que residentes demandaran a la comisión del condado y al sheriff. La demanda sostiene que el acuerdo firmado en 2020 no fue aprobado correctamente. La pausa quedó vinculada al litigio y a un proceso previsto de ratificación pública, según la cobertura de la demanda, el acuerdo para suspender el programa hasta una audiencia pública y el seguimiento del caso en Gallatin.

En enero, Helena aprobó una resolución que restringe la forma en que la policía municipal puede ayudar a los funcionarios federales de inmigración. En febrero, el gobernador Greg Gianforte y el fiscal general Austin Knudsen anunciaron una investigación estatal para determinar si la política de la ciudad infringía la ley de Montana, según el informe sobre la investigación.

La disputa sobre la cooperación local también continuó en el condado de Gallatin. La fiscal del condado, Audrey Cromwell, rechazó entregar información confidencial del sistema de justicia penal que habían solicitado funcionarios federales de inmigración y siguió cuestionando las exigencias de Knudsen. El conflicto está ante la Corte Suprema de Montana, según la entrevista con Cromwell y el reportaje sobre su oposición a ICE.

En mayo del año pasado, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas firmó un acuerdo 287(g) con ICE, autorizando a los oficiales en el Centro de Detención del condado de Clark a entregar órdenes de arresto civil migratorio y mantener a personas detenidas hasta por 48 horas para los agentes federales. El departamento reportó haber facilitado más de 1,150 arrestos de ICE en las instalaciones entre el inicio del programa y principios de este año.

Unos meses antes, en febrero del año pasado, la Oficina del Alguacil del condado de Douglas también firmó un acuerdo carcelario 287(g) con las autoridades federales. Esta acción convirtió a la agencia en la primera jurisdicción de Nevada en unirse al programa en aproximadamente cinco años. Actualmente, ICE lista 4 agencias participantes en el estado, operando bajo 5 acuerdos delegados, lo que ubica a Nevada en el puesto 33.º a nivel nacional por el volumen absoluto de este tipo de alianzas.

A finales del año pasado, la ACLU de Nevada demandó al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, argumentando que su asociación 287(g) viola la ley estatal y erosiona el sistema judicial. Después de que un juez estatal desestimara la demanda a principios de este año, el grupo de derechos civiles apeló el caso ante la Corte Suprema de Nevada esta primavera.

La reanudación de la aplicación local de las leyes de inmigración ha dividido públicamente a los líderes estatales. El fiscal general emitió directrices bajo una ley estatal de 2021 aconsejando a las agencias locales que se enfoquen en la prevención del crimen en lugar del estatus migratorio, mientras que el gobernador sostiene que Nevada no es un estado santuario y mantendrá la cooperación con las autoridades federales.

Durante el verano, la policía municipal de Las Vegas intervino durante un intento de aprehensión de ICE en el Aeropuerto Internacional Harry Reid. Los oficiales locales le quitaron las esposas a un anciano retenido por los agentes de inmigración después de determinar que no existía una orden de arresto activa ni base legal para retenerlo.

Iowa combinó durante este periodo un acuerdo estatal del programa 287(g), colaboración de cárceles de condado y reportes disputados sobre controles de tránsito vinculados con la aplicación de las leyes migratorias federales. El registro vigente de ICE incluye 5 agencias participantes en el estado y coloca a Iowa en el puesto 32.º del país por número absoluto de agencias.

En abril de 2025, el Departamento de Seguridad Pública de Iowa firmó con ICE un memorando del programa 287(g) que creó un grupo de trabajo de tres integrantes. El acuerdo asignó a sus miembros funciones que podían incluir identificar, interrogar y arrestar a personas por presuntas infracciones de la ley federal de inmigración, según el acuerdo estatal con ICE.

En julio de 2026, el grupo de derechos de los inmigrantes Escucha Mi Voz Iowa afirmó que agentes de la Patrulla Estatal de Iowa preguntaron por el estatus migratorio de conductores durante controles de tránsito. El grupo también dijo que ICE detuvo después a una persona residente de North Liberty, Iowa, tras un control en la Interestatal 80; los reportes describieron el episodio como una presunta cooperación entre las agencias, no como un hecho establecido por una resolución judicial. El reporte en español sobre las preguntas durante los controles y la denuncia recogida por Infobae atribuyeron la información al grupo.

La oficina del alguacil del condado de Linn, Iowa, informó que la cárcel del condado había registrado a 424 personas detenidas por ICE entre enero y julio de 2026. Al 29 de julio, la cárcel albergaba a 49 personas bajo custodia de ICE, una cifra que documentó la colaboración sostenida entre la cárcel del condado y las autoridades migratorias federales, según el informe sobre la cárcel del condado de Linn.

La cooperación no fue uniforme en todo Iowa. En mayo de 2025, el alguacil del condado de Dubuque, Iowa, Joe Kennedy, dijo que el condado no firmaría un pacto federal que habría involucrado a las autoridades locales en la aplicación de las leyes migratorias; citó preocupaciones sobre los ingresos del condado y la capacidad de la cárcel, según el reporte sobre la decisión del condado.

El estado promulgó amplias restricciones a la colaboración con las autoridades federales de inmigración cuando la gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó la Ley de Seguridad para los Inmigrantes (Immigrant Safety Act) en febrero. La legislación prohíbe explícitamente a las agencias policiales locales suscribir acuerdos del programa 287(g) y veta a los gobiernos locales de mantener contratos para albergar a personas bajo custodia de ICE. En la actualidad, la agencia federal lista 2 agencias participantes en New Mexico, lo que sitúa al estado en el puesto 34.º del país por total de asociaciones de este tipo, con 2 acuerdos activos.

La prohibición estatal se produjo después de que la Oficina del Alguacil del condado de Curry se uniera al programa 287(g) el año pasado. Esa firma convirtió al condado de Curry en la primera agencia policial en New Mexico en formalizar una alianza de delegación de autoridad migratoria con ICE.

Una vez que la Ley de Seguridad para los Inmigrantes entró en vigor en mayo, los alguaciles de los condados de Curry y Torrance se negaron a poner fin a sus acuerdos del programa 287(g). Ante la negativa de acatar la norma, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, presentó demandas contra ambos condados y sus respectivos alguaciles por violar la nueva ley estatal.

La mayor parte de las agencias que participan en el programa 287(g) en el estado firmaron sus acuerdos a lo largo de 2021. Este ciclo inició en el invierno de ese año con la adhesión del Departamento de Policía de Kodiak, Alaska, a lo que le siguió un grupo reducido de agencias que se incorporó de forma gradual. La adición más reciente fue la del Departamento de Correccionales de Alaska a nivel estatal durante la primavera del año pasado, consolidando una red de alianzas que operan casi en su totalidad bajo el formato de oficinas del sheriff del condado implementando el modelo de fuerza de tarea de ICE.

En febrero, el Departamento de Correccionales de Alaska confirmó que su acuerdo 287(g) incluye la revisión de los registros de las personas en prisión, un protocolo que derivó en una orden de retención de ICE para un hombre que había sido ingresado a un centro correccional en Juneau, Alaska, tras una parada de tráfico. En ese mismo contexto, la Policía de Anchorage, la Policía de Juneau y los Policías Estatales de Alaska confirmaron que operan sin acuerdos formales bajo este programa.

En diciembre del año pasado, el gobernador Mike Dunleavy aprobó una solicitud del gobierno federal para desplegar a la Guardia Nacional de Alaska con el fin de brindar apoyo logístico y administrativo a la oficina de ICE en Anchorage, Alaska, por un periodo de hasta un año. La decisión provocó que diversos legisladores estatales cuestionaran la legalidad de dicha asignación militar a nivel doméstico.

A nivel municipal, en enero, miembros de la Asamblea de Anchorage, Alaska, presentaron una resolución para oponerse a la aplicación de las leyes migratorias federales, exigiendo restricciones a la cooperación, el uso de fondos y los poderes de ejecución locales relacionados con las operaciones de ICE.

Durante el verano del año pasado, el Departamento de Correccionales de Alaska aceptó el traslado de aproximadamente 40 personas detenidas por ICE provenientes de otros lugares hacia el Complejo Correccional de Anchorage, Alaska, para aliviar la sobrepoblación en una instalación de Tacoma, Washington. El movimiento generó audiencias legislativas sobre las condiciones en que se encontraban las personas privadas de la libertad, y finalmente el grupo de personas bajo custodia federal fue devuelto fuera del estado.

Según el roster de ICE, el estado cuenta con 2 agencias participantes.

Hay relativamente poca actividad y escasas noticias sobre el programa 287(g) en las Islas Marianas del Norte en comparación con la mayor parte del país. El territorio registra 2 acuerdos y 2 agencias participando formalmente en este tipo de asociaciones con las autoridades federales.

La falta de participación en estos programas locales no significa que la aplicación de las leyes de inmigración esté detenida. En jurisdicciones sin contratos 287(g), las personas aún pueden ser detenidas por ICE a través de operativos de control migratorio ejecutados directamente por agentes federales en el territorio.

La entrada en vigor de la Local Cops, Local Crimes Act cambió el marco estatal para la cooperación local con ICE. La ley prohíbe que las agencias estatales y locales de Nueva York celebren o mantengan acuerdos 287(g) para aplicar la legislación migratoria civil y limita el uso de instalaciones locales para retener a personas únicamente por infracciones migratorias civiles. La cooperación en investigaciones sobre delitos reales sigue permitida, según la cobertura sobre la entrada en vigor de la medida, un informe sobre la prohibición estatal, el comunicado del New York Immigration Coalition y la información de la gobernadora Kathy Hochul.

El registro vigente de ICE enumera 1 agencia participante de Nueva York y 1 acuerdo, lo que coloca al estado en el puesto 37.º del país por conteo absoluto de agencias participantes. Ese registro convive con la nueva prohibición estatal y con las disputas sobre si los acuerdos deben terminarse de inmediato.

Quince sheriffs de condados de Nueva York demandaron al estado para impugnar la prohibición de los acuerdos 287(g). Sostienen que la ley invade la autoridad de los sheriffs y afecta convenios celebrados con el Gobierno federal; la demanda busca impedir o suspender su aplicación, según la información sobre los sheriffs demandantes, la cobertura de la disputa judicial y el reporte sobre la demanda de los sheriffs.

La gobernadora Hochul y la fiscal general Letitia James respondieron con una demanda contra la oficina del sheriff del condado de Rensselaer, Nueva York, por no disolver su acuerdo 287(g) con ICE conforme a la nueva ley estatal. El estado pidió una orden judicial que obligue a terminar el convenio y declare que es nulo e inaplicable bajo la legislación de Nueva York, de acuerdo con la demanda anunciada por Hochul y James, la cobertura del caso en el condado de Rensselaer, Nueva York y el informe en español sobre la acción estatal.

El Departamento de Correccionales de Massachusetts mantiene la participación del estado en el programa 287(g), lo que ubica a la jurisdicción en el puesto 38.º del país con 1 agencia activa. Este modelo centrado en prisiones continúa atrayendo críticas de organizaciones civiles que han exigido el fin del acuerdo, argumentando que facilita las deportaciones de personas directamente desde las instalaciones estatales.

El Senado de Massachusetts avanzó la Ley Protect (Protect Act) esta primavera para restringir las operaciones de ICE en escuelas, guarderías y tribunales. Los senadores rechazaron una enmienda que habría obligado a las autoridades locales a cumplir con las solicitudes de retención para personas bajo custodia condenadas por delitos graves, en un esfuerzo por proteger a las comunidades de la vigilancia federal.

En mayo, la gobernadora Maura Healey emitió directrices a nivel estatal que instruyen a escuelas, centros de educación superior, instalaciones médicas y proveedores de cuidado infantil sobre cómo manejar las interacciones con los agentes federales para limitar el alcance de ICE en espacios sensibles.

Este rechazo institucional desencadenó un choque judicial también en mayo, cuando el Departamento de Justicia demandó a Massachusetts. El gobierno federal alega que la política estatal que se niega a emitir matrículas encubiertas para los vehículos de inmigración es inconstitucional y pone en riesgo a los oficiales durante sus operaciones de campo.

A nivel condal, el alguacil del condado de Bristol, Paul Heroux, condenó públicamente a ICE durante el verano luego de que la agencia acusara a su oficina de liberar a una persona sin honrar una orden de retención migratoria. El alguacil se enfrentó a la agencia federal, afirmando que cumplir con dicha solicitud habría violado leyes estatales y federales.

En Colorado, la participación local en la aplicación de las leyes federales de inmigración se mantiene sumamente limitada; ICE lista ahora 1 agencias participantes en el programa 287(g) en el estado, lo que lo ubica en el puesto 38.º a nivel nacional. La postura oficial se consolidó en abril, cuando un juez federal desestimó una demanda del gobierno de Estados Unidos que impugnaba las protecciones a nivel estatal y en la ciudad de Denver. La decisión judicial respaldó las leyes que restringen la capacidad de la policía municipal para cooperar con los esfuerzos de deportación.

En la capital del estado, las autoridades han mantenido una política estricta de rechazo a las órdenes de retención de ICE, negándose a transferir la custodia de personas bajo arresto en más de 270 ocasiones desde a principios del año pasado. Esta directriz de no colaboración se profundizó en febrero, cuando el alcalde de Denver instruyó a la policía de la ciudad a documentar a los agentes federales con cámaras corporales y a intervenir para resguardar a los residentes durante operaciones migratorias.

A nivel municipal, el Concejo de Aurora rechazó esta primavera una propuesta para firmar un memorando de entendimiento con las autoridades federales. El acuerdo habría delineado los protocolos de respuesta de la policía local a las llamadas de emergencia en el centro de detención migratoria operado por una empresa privada dentro de la ciudad.

Por su parte, un comité de la legislatura estatal rechazó en marzo un proyecto de ley que pretendía obligar a las fuerzas policiales a intervenir físicamente contra agentes de inmigración que utilizaran fuerza excesiva. La medida descartada también habría requerido que los oficiales locales asistieran a capacitaciones específicas sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

A pesar de las amplias barreras impuestas a nivel estatal, el fiscal general de Colorado y varias organizaciones de derechos civiles han centrado su atención en las oficinas de los alguaciles de los condados de Mesa y Garfield por presuntamente evadir las leyes de Colorado para coordinarse con ICE. Las represalias han incluido una demanda para frenar arrestos indiscriminados, acusaciones de colaboración ilegal y sanciones disciplinarias contra agentes locales que facilitaron la transferencia de una estudiante a la custodia federal tras una parada de tránsito el año pasado.

La regulación sobre los espacios de reclusión de ICE también ha desatado enfrentamientos judiciales recientes. Luego de que Colorado promulgara una ley que autoriza al departamento de salud estatal a realizar inspecciones obligatorias y sin previo aviso en las instalaciones de detención, el operador privado del centro de procesamiento de ICE en Aurora demandó a los funcionarios estatales en junio en un intento por bloquear la nueva supervisión local.

Hay relativamente poca actividad y noticias sobre el programa 287(g) en Guam en comparación con la mayor parte del país. Actualmente, ICE incluye a 1 agencias del territorio en su lista oficial de participantes, operando bajo 1 acuerdos delegados.

En enero, la oficina del Fiscal General de Guam anunció que sus investigadores locales ahora operan como agentes federales de inmigración. La oficina territorial calculó que la deportación de 110 personas no ciudadanas con condenas penales, facilitada por esta nueva autoridad de control migratorio, podría ahorrarle al territorio unos 4,7 millones de dólares, una medida que ha suscitado debates locales sobre el costo y el impacto en la comunidad.

En febrero, los legisladores de Maryland aprobaron la Ley de Confianza Comunitaria, una medida de emergencia que prohíbe explícitamente los acuerdos del programa 287(g). La nueva legislación restringe de manera amplia que la policía y las cárceles locales colaboren con las operaciones federales de aplicación de las leyes de inmigración.

Para el mes de mayo, los nueve condados de Maryland que mantenían alianzas activas del programa 287(g) con ICE se retiraron formalmente del programa o dejaron de aplicar los acuerdos. Estas acciones se llevaron a cabo para cumplir con el vencimiento de un período de gracia de 90 días estipulado por la nueva ley estatal. Actualmente, los registros indican que 0 agencias participan en el estado, lo que ubica a Maryland en el puesto 41.º a nivel nacional.

En respuesta a la prohibición, una coalición de 17 alguaciles republicanos —incluyendo a defensores de larga data del programa 287(g) en los condados de Harford y Frederick, Maryland— presentó una demanda contra el gobernador Wes Moore en mayo. Los oficiales argumentaron en los tribunales que los límites estatales a la colaboración con ICE los ponen en peligro legal y comprometen la seguridad pública de sus jurisdicciones.

La presión sobre el estado aumentó en julio, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. también demandó a Maryland. El gobierno federal alegó que la Ley de Confianza Comunitaria obstruye ilegalmente las operaciones de las agencias de inmigración y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

Para garantizar el cumplimiento de las nuevas restricciones, la Oficina del Fiscal General de Maryland emitió una directiva a nivel estatal en julio. Las reglas exigen que los oficiales locales usen cámaras corporales durante cualquier interacción federal y prohíben estrictamente prestar asistencia a los agentes federales en la aplicación de leyes civiles de inmigración.

El año pasado, la Asociación Municipal de Maine emitió pautas después de que ICE comenzara a reclutar activamente a los departamentos de policía de todo el estado para unirse al programa 287(g). Actualmente, la agencia federal reporta tener 0 acuerdos vigentes con 0 agencias en Maine, lo que coloca al estado en el puesto 41.º a nivel nacional.

Durante la primavera pasada, el Departamento de Policía de Wells firmó el primer acuerdo 287(g) del estado con la agencia migratoria. Tras formalizar los detalles del convenio, el pacto autoriza a los agentes locales a asumir ciertas funciones de aplicación de las leyes federales de inmigración.

Otros municipios dieron marcha atrás ante el escrutinio a nivel local. Los departamentos de policía de Monmouth y Winthrop rescindieron una solicitud conjunta para unirse al programa 287(g) la primavera pasada.

A nivel estatal, los líderes políticos han marcado distancia con las operaciones de la agencia. A principios de este año, la gobernadora Janet Mills y otros funcionarios estatales rechazaron solicitudes para asistir en los operativos de ICE, negándose específicamente a emitir placas estatales encubiertas para los vehículos de los agentes federales.

En el ámbito municipal, las restricciones también han avanzado de manera formal. En julio, el Concejo Municipal de Waterville aprobó una ordenanza que prohíbe a todos los empleados de la ciudad, incluido el departamento de policía local, cooperar con los agentes federales de inmigración.