Índice de estados

La ley estatal que entró en vigor en enero exige que los alguaciles que operan cárceles del condado, o contratan su operación, participen en el programa 287(g) de ICE. ICE lista 423 agencias participantes en Texas, el puesto 1.º del país por conteo absoluto, una posición que refleja la amplitud de la red estatal.

En mayo, el fiscal general Ken Paxton abrió una investigación contra la alguacil del condado de Dallas, Marian Brown, y le dio hasta el 1 de diciembre para firmar un acuerdo formal con ICE. Paxton sostuvo que la cooperación que ya mantenía la oficina del alguacil con las autoridades migratorias federales no era suficiente, según la cobertura sobre la exigencia de Paxton al condado de Dallas.

En agosto, agentes de ICE y la Oficina del Alguacil del condado de San Saba arrestaron a un hombre cubano que tenía desde hacía años una orden definitiva de expulsión y antecedentes penales. ICE presentó una solicitud de retención para transferirlo a custodia federal después de que terminara el caso penal local y describió el arresto como un ejemplo del objetivo de sus alianzas bajo el programa 287(g), según el comunicado de la agencia.

La cooperación entre autoridades estatales y federales también quedó bajo escrutinio en el caso de Jesús Bracho. Oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas lo detuvieron cuando se dirigía al trabajo y contactaron a ICE; después, agentes federales detuvieron a Bracho y a su hija de 9 años en el centro de detención familiar de Dilley. El caso llevó al representante federal Joaquín Castro a criticar la colaboración y pedir la liberación de la familia, según la información publicada sobre el arresto del padre y la detención de la niña, un reporte en video sobre la permanencia de ambos bajo custodia de ICE y otro informe en video sobre el caso.

Florida amplió de forma marcada su participación en el programa 287(g): las agencias policiales reportaron más de 14.000 arrestos durante el primer año de la expansión, desde agosto de 2025. ICE lista 288 agencias participantes en el estado, el puesto 2.º del país por cantidad absoluta. El recuento estatal de arrestos y el cambio en las tácticas de aplicación mostró cómo los acuerdos trasladaron una parte de las operaciones migratorias federales a organismos locales.

En julio, autoridades federales y de Florida arrestaron a 309 personas durante una operación de cuatro días en el condado de Palm Beach, Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach y la Patrulla de Carreteras de Florida coordinaron el operativo con ICE; las autoridades dijeron que 11 de las personas arrestadas tenían infracciones legales además de posibles violaciones migratorias. The Palm Beach Post informó sobre el operativo y los arrestos, mientras WLRN detalló el saldo de las operaciones y otro informe reprodujo la cobertura del aumento de cuatro días.

En el condado de Walton, Florida, la Oficina del Sheriff mantuvo su alianza 287(g) con ICE después de firmar un acuerdo el año pasado. Un agente certificado del sheriff describió las funciones migratorias federales que puede desempeñar bajo el programa, y el sheriff dijo que la oficina informa a ICE cuando arresta por un delito a una persona indocumentada. Un reportaje sobre las repercusiones locales de la cooperación examinó el funcionamiento del acuerdo, y otro informe describió las tareas de los agentes locales delegados.

La expansión también provocó oposición en Miami, Florida. Activistas y organizaciones comunitarias renovaron en agosto sus llamados para que la ciudad rescindiera su acuerdo 287(g) con ICE, mientras informes señalaron que la alcaldesa Eileen Higgins respaldaba mantener la alianza. La cobertura de las demandas para terminar el acuerdo recogió el conflicto entre los grupos comunitarios y la administración municipal; un informe en español describió el aumento de arrestos en Florida bajo el programa.

En Tampa, Florida, integrantes de la comunidad se dirigieron al Concejo Municipal en agosto para pedir una ordenanza que terminara la cooperación 287(g) del Departamento de Policía de Tampa con ICE. La intervención ante el concejo y la solicitud de poner fin al acuerdo sumó otra campaña local contra la participación municipal en el programa.

El estado combinó una designación estatal bajo el programa 287(g) con nuevos acuerdos locales y operaciones conjuntas con ICE. El registro actual incluye 133 agencias participantes y ubica a Missouri en el puesto 3.º del país por cantidad absoluta de agencias, una posición que ayuda a dimensionar el alcance de la cooperación local.

En marzo del año pasado, el gobernador Mike Kehoe dijo que Missouri había establecido una designación 287(g) con ICE y firmó, junto con el Departamento de Seguridad Pública de Missouri y la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri, un acuerdo para que la patrulla ayudara en la aplicación de las leyes migratorias federales, según el anuncio de Kehoe.

En agosto de 2026, el Concejo Municipal de Nixa, Missouri, aprobó por 5 votos contra 1 un acuerdo del modelo de grupo de trabajo del programa 287(g) para el Departamento de Policía de Nixa. El acuerdo permite que ICE capacite a agentes y que estos ejerzan funciones migratorias específicas durante sus labores habituales, según la cobertura de la votación, el video de la reunión, otro resumen del acuerdo y la cobertura de KSMU.

La cooperación del condado de Greene, Missouri, también puso presión sobre la cárcel del condado. Funcionarios informaron que en agosto había 413 personas detenidas por ICE entre las 1.254 personas recluidas allí, por encima de la capacidad declarada del centro, según un informe sobre el hacinamiento y otro sobre el aumento de personas detenidas por ICE. Activistas y líderes religiosos pidieron una supervisión independiente de las cárceles de Missouri que mantienen a personas bajo custodia de ICE, una demanda recogida durante una vigilia frente a la oficina de ICE en St. Louis, Missouri.

Durante el rodeo Jaycee Bootheel de Sikeston, Missouri, en agosto, ICE trabajó junto con agencias locales que participaban en actividades del programa 287(g) y estuvo presente en puestos de verificación de identidad. Funcionarios locales dijeron que cuatro personas llamaron la atención de ICE; después, la agencia informó que tres ciudadanos mexicanos seguían bajo su custodia. Los hechos fueron descritos en la primera información sobre los arrestos, la actualización sobre las tres personas que permanecían detenidas, el relato de la familia de un padre detenido y la cobertura de los arrestos en el rodeo.

En junio de 2026, la oficina del alguacil del condado de Pettis, Missouri, informó que una operación conjunta de tres días con ICE en Sedalia, Missouri, produjo 18 arrestos; el Departamento de Seguridad Nacional confirmó por separado cinco arrestos en la operación dirigida de ICE, según la información sobre el operativo. Ese mismo mes, el Concejo Municipal de Ellisville, Missouri, aprobó por unanimidad un memorando de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para permitir que la ciudad ejerciera facultades específicas relacionadas con la aplicación federal de las leyes migratorias, de acuerdo con la cobertura del acuerdo.

Personas detenidas en el Centro de Detención del Condado de Ste. Genevieve, Missouri, describieron problemas con el agua potable y la atención médica. Sus testimonios añadieron escrutinio sobre una instalación de un condado de Missouri utilizada para mantener a personas bajo custodia de ICE, según la investigación sobre las condiciones del centro.

En Arkansas, la orden ejecutiva del gobernador y la expansión estatal del programa 287(g) acompañaron un aumento de acuerdos con autoridades locales. ICE registra 133 agencias participantes y 169 acuerdos en el estado, lo que coloca a Arkansas en el puesto absoluto 3.º del país por agencias participantes.

El acuerdo más amplio extendió esas funciones a determinados oficiales de correcciones de Arkansas. Según el informe sobre el acuerdo, los oficiales pueden interrogar a personas detenidas por ICE, ejecutar órdenes migratorias y emitir solicitudes de retención migratoria, funciones que van más allá de las agencias policiales tradicionales. El acuerdo se informó en noviembre de 2025.

La participación local también se vinculó con recursos públicos. En agosto, el Tribunal de Quórum del condado de Carroll, Arkansas, votó 7-4 para crear un fondo destinado a recibir dinero federal relacionado con la participación de la oficina del alguacil en el modelo de Fuerza de Tarea del programa 287(g). El alguacil calculó que el programa podría generar entre 250.000 y 300.000 dólares durante el año fiscal, según la cobertura de la votación y del fondo.

En el condado de Benton, Arkansas, la oficina del alguacil —que había firmado en 2020 un acuerdo del programa 287(g) para hacer cumplir medidas migratorias en la cárcel— se incorporó al modelo de Fuerza de Tarea en junio. Las reuniones del Tribunal de Quórum en julio y agosto registraron críticas públicas a la alianza y debates sobre los reembolsos de ICE, según la cobertura de la oposición local y los reclamos expresados en julio.

El Departamento de Policía de Tontitown, Arkansas, se incorporó al modelo de Fuerza de Tarea del programa 287(g) en julio. La Alianza para el Respeto y la Educación de los Inmigrantes pidió un boicot al Festival de la Uva de Tontitown hasta que el departamento abandone su participación; la convocatoria al boicot también fue reportada por una televisora local.

Una demanda federal presentada en julio acusa a la policía de Centerton, Arkansas, de detener a una madre y su hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, por indicación de agentes federales de inmigración durante una parada de tránsito ocurrida en 2025, pese a que mostraron identificaciones válidas. Las acusaciones siguen sin resolverse; la demanda fue descrita en Arkansas Times.

En junio, el Departamento de Policía de Texarkana, Arkansas, y las oficinas del alguacil de los condados de Miller y Lafayette participaron con autoridades federales en una investigación en un club nocturno de Texarkana. ICE informó que 21 personas fueron detenidas durante la intervención, según el reporte de Telemundo Amarillo y la cobertura de Telemundo Arkansas.

La Guardia Nacional de Arkansas presentó una solicitud para incorporarse al modelo de Fuerza de Tarea del programa 287(g). La solicitud figuraba como pendiente en julio y, si fuera aprobada, daría a sus integrantes autoridad para realizar arrestos migratorios, según el informe sobre la petición.

La presencia del programa 287(g) creció de forma marcada en Pennsylvania durante 2026. Un reporte publicado en junio contabilizó 106 acuerdos en el estado al 22 de junio; el registro vigente de ICE lista 130 agencias participantes y 130 acuerdos, lo que coloca a Pennsylvania en el puesto 5.º del país por cantidad absoluta de agencias participantes. Bajo esos acuerdos, las agencias locales asumieron funciones migratorias específicas con supervisión federal.

En agosto, Lansdowne, Pennsylvania, aprobó una ordenanza que prohíbe a los departamentos municipales, agentes de policía y contratistas del distrito suscribir, renovar o participar en acuerdos del programa 287(g). La medida también impide usar recursos municipales para tareas voluntarias de aplicación civil de las leyes migratorias, aunque mantiene la obligación de cumplir con órdenes judiciales y órdenes de registro. La norma fue descrita en la cobertura de la prohibición de acuerdos de cooperación con ICE.

Varias municipalidades de Pennsylvania aprobaron o formalizaron alianzas 287(g) durante el verano. El consejo de West Manchester Township, Pennsylvania, autorizó el acuerdo por una votación de 2-1 en julio, según un reporte local y otra cobertura del convenio. Shamokin, Pennsylvania, aprobó en agosto una resolución para que la policía ejerciera autoridad migratoria limitada, mientras Northumberland Borough, Pennsylvania, aprobó su acuerdo por 4-3, de acuerdo con la noticia sobre Shamokin y el informe sobre Northumberland.

En el condado de Lancaster, Pennsylvania, el fiscal de distrito defendió en el verano la alianza 287(g) firmada el año pasado y dijo que su oficina se había beneficiado de ella y no planeaba abandonarla. La asociación también provocó protestas en julio después de que ICE detuviera a una persona de Mountville, Pennsylvania; la defensa del acuerdo, la entrevista con el fiscal y la cobertura de la protesta y la liberación de la persona detenida documentaron las posiciones enfrentadas.

En Slippery Rock Borough, Pennsylvania, el concejo rechazó en agosto un acuerdo que habría permitido a la policía del distrito asistir a ICE, después de varias semanas de debate público. Residentes continuaron expresando sus posiciones en una reunión de septiembre, según la cobertura del rechazo y el informe sobre esa reunión.

En Philadelphia, Pennsylvania, las leyes “ICE Out” aprobadas en 2026 limitaron las actividades federales de aplicación migratoria en espacios propiedad de la ciudad y restringieron la forma en que los empleados municipales podían cooperar con agentes migratorios. Organizaciones defensoras siguieron pidiendo reglas más claras para hacer cumplir las normas y mayor transparencia, según un análisis sobre su aplicación.

En Upper Darby, Pennsylvania, las autoridades comenzaron a considerar una ordenanza que prohibiría la asistencia de la policía local a la aplicación federal de las leyes migratorias, limitaría el uso de propiedades del municipio por parte de ICE y abordaría el intercambio de datos y los acuerdos con municipalidades vecinas. En septiembre estaba prevista una audiencia pública sobre la propuesta, descrita en la cobertura inicial, otro informe sobre la iniciativa y la nota sobre la ordenanza.

La expansión de la cooperación ocurrió bajo la orden ejecutiva del gobernador y se reflejó en nuevos acuerdos del programa 287(g) con departamentos de policía y oficinas de alguaciles de Oklahoma. Un reportaje basado en registros federales describió en agosto la incorporación de agencias municipales, condales y estatales, entre ellas los departamentos de policía de Oologah y Minco y las oficinas de los alguaciles de los condados de Atoka y Major. El registro de ICE contabiliza 116 acuerdos distintos en el estado. El reportaje de KGOU sobre la expansión, la cobertura de KOSU y el informe del Tulsa Flyer documentaron el crecimiento.

También en agosto, el ICE amplió su acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma bajo el modelo de fuerzas de tarea del programa 287(g). El convenio permite que agentes estatales capacitados realicen funciones migratorias específicas durante controles de tránsito, inspecciones de vehículos comerciales y otros encuentros en carretera, bajo supervisión federal. La ampliación del acuerdo con Oklahoma fue descrita junto con la de otros estados, mientras otro informe detalló el uso de policías estatales y locales en la aplicación migratoria; la cobertura en español explicó el mismo cambio.

La Oficina del Alguacil del condado de Tulsa, Oklahoma, firmó en julio un nuevo acuerdo del modelo de fuerzas de tarea del programa 287(g) que extendió su cooperación con el ICE más allá de la cárcel del condado. Para agosto, nueve alguaciles adjuntos habían recibido certificación, incluidos integrantes de la Unidad de Interdicción de Drogas y agentes asignados a investigaciones de Seguridad Nacional. El alguacil dijo que los agentes de patrulla no serían certificados. La cobertura local explicó el nuevo acuerdo y sus límites, y KTUL informó sobre las tareas migratorias autorizadas. La Semana del Sur también publicó un resumen en español del acuerdo.

En el condado de Oklahoma, Oklahoma, los comisionados no avanzaron en agosto con el acuerdo del programa 287(g) que había propuesto el alguacil Tommie Johnson III. La propuesta murió por falta de una moción después de que residentes y opositores expresaran preocupaciones sobre la aplicación de las leyes migratorias, el perfilamiento racial y la confianza de la comunidad. La cobertura de The Oklahoman registró la decisión, mientras OKC Fox informó que los comisionados rechazaron avanzar.

En septiembre, una operación del ICE en dos restaurantes de Elgin, Oklahoma, incluyó a agentes federales y a un grupo de trabajo de seguridad pública de Oklahoma en el que participaron la Oficina del Alguacil del condado de Atoka y la policía de Carney. La cobertura local informó que varias personas fueron arrestadas y quedaron bajo custodia. KSWO informó sobre los arrestos, y The Southwest Oklahoma News informó sobre la operación en Elgin.

La ley, aprobada durante la primavera y vigente desde el 1 de julio, vinculó el financiamiento estatal de los sheriffs de los condados a su participación en el programa 287(g) de ICE. La cobertura posterior identificó al menos 23 nuevos acuerdos con sheriffs y seis nuevos acuerdos con policías municipales, ampliando el papel formal de las autoridades locales en la cooperación con ICE.

En el registro actual, ICE incluye 99 agencias participantes en Tennessee, lo que coloca al estado en el puesto 7.º del país por cantidad absoluta de agencias. El programa registra 120 acuerdos distintos; esas cifras describen la presencia institucional del 287(g), no el alcance total de las acciones migratorias en el estado.

En mayo, ICE y agencias locales llevaron a cabo durante una semana un operativo en el condado de Sevier y otras zonas del este de Tennessee. ICE informó de 117 arrestos, mientras el Departamento de Policía de Sevierville describió públicamente su trabajo con ICE y otras agencias del área; la operación dejó más de 100 arrestos, según la cobertura local y La Prensa Latina reportó el operativo bajo el programa 287(g).

En agosto, un operativo dirigido por ICE y realizado con varias agencias en un local de Memphis terminó con reportes de más de 100 personas arrestadas. Una investigación describió cómo un grupo de trabajo contra el crimen pasó a participar en una intervención migratoria, mientras organizaciones comunitarias criticaron la acción. El alcalde de Memphis, Paul Young, dijo que el gobierno municipal no era responsable de la intervención y pidió que las personas afectadas fueran tratadas con dignidad; otros reportes situaron en más de 100 las personas detenidas.

En Nashville, después de un arresto ocurrido en junio por un choque que hirió a cuatro peatones, ICE presentó a las autoridades locales una solicitud de retención migratoria. El caso mostró cómo una detención bajo custodia local puede conducir a que una persona pase a custodia federal de inmigración; la solicitud de ICE fue reportada tras el arresto, y otra cobertura vinculó el caso con el atropello y fuga.

El registro de ICE sitúa a Georgia con 94 agencias participantes en el programa 287(g), en el puesto 8.º del país por cantidad absoluta. Durante el verano, dos departamentos municipales se sumaron formalmente a esa red mediante acuerdos del modelo Task Force, mientras otras autoridades locales rechazaron o consideraron convenios similares.

Los departamentos de policía de Flowery Branch, Georgia, y Oakwood, Georgia, firmaron acuerdos 287(g) con ICE, fechados el 23 de junio y el 20 de julio, respectivamente. Las incorporaciones agregaron dos agencias municipales de Georgia a la asociación federal-local; la cobertura de los acuerdos identificó a ambas como participantes del modelo Task Force.

En junio, el Concejo Municipal de Cairo, Georgia, votó 3-2 para no aprobar un memorando de entendimiento propuesto con ICE. La decisión siguió a la oposición de miembros de la comunidad y a la discusión sobre las obligaciones del departamento de policía bajo la ley de Georgia, según el informe sobre el rechazo del acuerdo.

La Oficina del Sheriff del condado de Muscogee, Georgia, solicitó un acuerdo 287(g) del modelo Task Force. En julio, residentes y el sheriff debatieron públicamente la propuesta durante una reunión del Concejo Municipal de Columbus, Georgia; la cobertura de la solicitud y del debate en el concejo describió posiciones encontradas sobre una mayor cooperación con ICE.

El registro vigente de ICE enumera 86 agencias participantes y 95 acuerdos en Louisiana; por conteo absoluto, el estado ocupa el puesto 9.º del país. Esos datos describen la posición actual del programa 287(g), pero las fuentes disponibles para este informe no permiten establecer una tendencia estatal general.

En agosto, se informó que el Departamento de Policía de Kenner, Louisiana, había recibido $590,020.83 del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE desde febrero por participar en el modelo de grupos de trabajo del programa 287(g). El modelo permite que agentes locales ayuden en tareas de aplicación de las leyes migratorias durante su trabajo policial habitual, según la información sobre los pagos a la Policía de Kenner.

En julio, la Oficina del Sheriff de Ouachita Parish, Louisiana, dijo que colaboró con la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en un operativo focalizado. La agencia informó que hubo arrestos de personas con expulsiones previas, órdenes finales de expulsión, infracciones relacionadas con inmigración y órdenes de arresto penal pendientes, según el reporte del operativo conjunto.

Alabama cerró el verano con una expansión visible del programa 287(g) entre agencias estatales y locales. ICE registra 75 agencias participantes en el estado y 91 acuerdos distintos; por conteo absoluto de agencias, Alabama ocupa el puesto 10.º del país. El crecimiento incluyó acuerdos firmados, nuevas autorizaciones para policías y sheriffs, y operaciones de custodia y traslado de personas para las autoridades federales.

El Departamento de Correcciones de Alabama firmó en julio un memorando de entendimiento con ICE bajo el modelo de cumplimiento en cárceles del programa 287(g). Los registros de ICE y varios informes también identificaron a los departamentos de policía de Atmore, Alabama; Clio, Alabama; Coaling, Alabama; Owens Cross Roads, Alabama; Springville, Alabama; y Wetumpka, Alabama, como nuevas incorporaciones durante la misma expansión. El acuerdo estatal fue reportado por Alabama.com, descrito por Alabama Reflector, informado por Opelika Daily News y cubierto en español.

La expansión no fue irreversible para todas las agencias. El Departamento de Policía de Anniston, Alabama, se retiró en agosto del acuerdo 287(g) que había firmado en julio. El jefe Clint Parris y funcionarios municipales señalaron que no había una necesidad local demostrada, que el departamento enfrentaba presiones de personal y que la ciudad prefería dirigir sus recursos a prioridades de seguridad pública. Alabama.com informó sobre el retiro, mientras Anniston Star detalló el cambio de prioridades y ABC 33/40 describió las presiones de personal.

En Tuscumbia, Alabama, las autoridades aprobaron la participación del departamento de policía en los modelos de Fuerza de Tarea y Cumplimiento en Cárceles de ICE. La autorización permite que agentes capacitados identifiquen a personas que, según ellos, podrían estar presentes sin autorización legal y que personal penitenciario certificado retenga o transfiera a personas para las autoridades migratorias federales, según TimesDaily.

La participación también trajo recursos materiales para una oficina del sheriff. Los comisionados del condado de Colbert, Alabama, aprobaron más de 92.000 dólares en compras financiadas con fondos vinculados a la participación en el programa 287(g), incluidos unos 70.000 dólares para una camioneta de patrulla y equipo relacionado, además de 22 chalecos antibalas. Decatur Daily informó sobre las compras, y Telemundo Birmingham mostró el nuevo equipo.

La Oficina del Sheriff del condado de Lee, Alabama, dijo en agosto que continúa cooperando con ICE para arrestar, detener y transferir a personas acusadas de infringir la ley migratoria federal. La oficina también divulgó cifras sobre cientos de traslados, según CNAW2 News.

En otro caso vinculado a ese proceso, Juan Quim, residente de Russellville, Alabama, de 19 años, fue transferido a la custodia de ICE después de una parada de tráfico en Littleville, Alabama. Fue deportado a Guatemala en agosto, semanas después de graduarse de una escuela secundaria de Alabama, según Alabama.com y La Hora.

En abril, Misisipi aprobó el proyecto de ley SB 2114, que exige que cada departamento del alguacil firme un memorando de acuerdo con ICE para realizar al menos una forma de asistencia en la aplicación de las leyes migratorias. La medida también autoriza a funcionarios estatales de seguridad pública a recopilar información destinada a ayudar a identificar a personas sin estatus migratorio legal. Un análisis de la ley y sus posibles efectos señaló preocupaciones sobre el perfilamiento y el uso de esos datos. Otras coberturas describieron la posibilidad de crear una base de datos estatal y las alarmas entre personas inmigrantes y sus defensores.

El registro actual de ICE incluye 57 agencias participantes en Misisipi y 64 acuerdos distintos. El estado ocupa el puesto 11.º del país por número absoluto de agencias participantes, una posición que refleja una expansión de la cooperación local pero no mide por sí sola la intensidad de las acciones migratorias en el estado.

En mayo, las oficinas de los alguaciles de los condados de Clay y Noxubee firmaron acuerdos para incorporarse al programa 287(g) de ICE. Los acuerdos permiten que agentes locales capacitados pregunten a personas sobre su estatus migratorio y realicen arrestos relacionados con inmigración bajo la supervisión de ICE. El alguacil del condado de Clay citó la preparación institucional y la seguridad comunitaria como motivos para participar, según la cobertura de los acuerdos.

La ley estatal llegó después de que un reportaje de noviembre del año pasado identificara a siete agencias de Misisipi —incluida la oficina del fiscal general del estado y varias oficinas de alguaciles— como participantes del programa 287(g). Esas alianzas permiten que agentes locales reciban capacitación federal y ayuden a identificar y detener a personas sospechosas de infringir las leyes migratorias; sus críticos advirtieron sobre el perfilamiento racial y una menor confianza en las autoridades, según el informe sobre la participación de las agencias.

La orden ejecutiva del gobernador acompañó la expansión de la colaboración con ICE. El registro vigente del programa 287(g) muestra 54 agencias participantes y 61 acuerdos distintos. Por conteo absoluto de agencias, South Carolina ocupa el puesto 11.º del país; esa posición refleja una red amplia dentro del estado, no la proporción de cuerpos policiales participantes.

En mayo, reportes estatales identificaron casi 50 agencias de South Carolina que trabajaban con ICE mediante acuerdos 287(g): 20 oficinas del sheriff, la South Carolina Law Enforcement Division (SLED), el South Carolina Department of Public Safety y 24 departamentos de policía locales. La cobertura detalló las agencias de la red, cómo cooperan con ICE y la lista de departamentos participantes. SLED firmó su acuerdo en 2025, después de operar desde 2023 una unidad interna dedicada a aplicar normas migratorias.

En junio, ICE y agencias policiales de South Carolina informaron de 114 arrestos en dos operativos conjuntos a lo largo de los corredores de las carreteras I-26 e I-85. El reporte sobre ambas autopistas describió una operación importante de control vial. Otra cobertura también registró los 114 arrestos.

En julio, la South Carolina Highway Patrol y ICE realizaron otro operativo en la I-85, en la zona Upstate. Terminó con 27 personas arrestadas, según la cobertura local y los detalles sobre el enfoque en infracciones de tránsito.

En mayo, la oficina del sheriff de Beaufort County ayudó a ICE y a otras agencias federales en un operativo 287(g) en Bluffton, dirigido contra personas con órdenes federales previas de expulsión. Beaufort County firmó su acuerdo en 2025, y la oficina del sheriff de Jasper County también formó parte de la red. La oficina del sheriff describió su participación.

La oficina del sheriff de Dorchester County suscribió un acuerdo 287(g) con ICE en junio de 2025. El sheriff Sam Richardson dijo que la misión declarada era aplicar la ley en general, no buscar específicamente a residentes indocumentados. El acuerdo y la postura del sheriff fueron reportados por medios locales.

En junio, un operativo de varias agencias en Burnstein von Seelen Precision Casting, en Abbeville County, involucró a ICE y a agencias policiales estatales. ICE detuvo a 48 personas por presuntas infracciones migratorias, mientras un gran jurado estatal acusó formalmente a otras seis por presunto fraude con documentos de identidad y empleo. La cobertura en español recogió los arrestos y testimonios de familiares.

Kentucky registró casi 5.000 arrestos de ICE desde el inicio de la administración Trump, según un informe publicado en septiembre, que también describió un fuerte crecimiento de los acuerdos 287(g) y una participación importante de las agencias locales en esa actividad. ICE lista actualmente 54 agencias participantes y 56 acuerdos en Kentucky; por cantidad absoluta de agencias, el estado ocupa el puesto 13.º del país.

En enero de 2026, Kentucky sumó seis agencias locales a sus alianzas con ICE bajo el programa 287(g): las oficinas del sheriff de los condados de Laurel, McCracken y Pendleton, Kentucky, y los departamentos de policía de Hickman, Falmouth y Winchester. La incorporación fue descrita en un reporte sobre el aumento de las alianzas en Kentucky.

En Louisville, Kentucky, la decisión de 2025 de atender las solicitudes de ICE para mantener a personas bajo custodia durante 48 horas fue seguida por un aumento reportado de las solicitudes y de las transferencias a custodia federal. Un informe de la ACLU de Kentucky dijo que la cárcel entregó al menos a 528 personas a ICE durante el primer año de la política y que 157 fueron deportadas posteriormente. La política también generó llamados para revertirla y una defensa de sus costos e implicaciones por parte de funcionarios municipales, según cobertura local y declaraciones del alcalde recogidas en otro informe.

Tres condados cercanos a Louisville, Kentucky, acordaron alojar a personas detenidas por ICE mediante alianzas con cárceles locales. Un reporte sobre esos acuerdos identificó a los condados de Oldham y Bullitt, Kentucky, y describió el debate local sobre el papel de los centros de detención y los incentivos financieros.

En marzo de 2025, la oficina del sheriff y el centro de detención del condado de Grayson, Kentucky, formalizaron una alianza 287(g) con ICE. En mayo, las oficinas del sheriff de los condados de Lyon y Marshall, Kentucky, firmaron acuerdos bajo el modelo de grupo de trabajo 287(g), que permite a ciertos agentes ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan sus tareas policiales habituales; otro reporte confirmó las firmas.

La oficina del sheriff del condado de Daviess, Kentucky, informó en enero de 2026 que tenía un acuerdo 287(g) con ICE. Ese mismo mes se presentó un proyecto de ley que habría obligado a agencias policiales locales, oficinas de sheriffs, cárceles y a la Policía Estatal de Kentucky a participar, pero la propuesta no había sido convertida en ley, según el reporte sobre la medida.

El Centro de Detención del condado de Campbell, Kentucky, siguió alojando a personas bajo custodia de ICE. Una visita de supervisión del Congreso en julio y una investigación iniciada en agosto examinaron denuncias sobre atención médica, alimentación y las condiciones del centro; funcionarios del condado negaron las acusaciones de abusos y defendieron las prácticas de la cárcel, según la cobertura de la visita y las denuncias.

El registro de ICE incluye 46 agencias participantes en Kansas y ubica al estado en el puesto 14.º del país por conteo absoluto. En ese contexto, las noticias del estado reflejan una combinación de alianzas locales ya operativas y esfuerzos organizados para frenar nuevas colaboraciones bajo el programa 287(g), sin que se haya producido un cambio único de política a escala estatal.

El año pasado, el alguacil del condado de Chase, Kansas, y la cárcel del condado establecieron una relación vinculada a las operaciones de detención de ICE. Según la cobertura local sobre el impacto de las deportaciones, la cárcel alberga principalmente a personas detenidas por ICE, lo que convirtió a la instalación y a las autoridades del condado en parte visible de la infraestructura local de control migratorio.

En agosto, la ACLU de Kansas lanzó la campaña “Opportunity Forward”, centrada en impedir o revertir acuerdos locales bajo el programa 287(g). La iniciativa también se opuso al uso de detainers de ICE para mantener a personas en cárceles de los condados.

En conjunto, estos hechos dejan un registro estatal dividido entre una relación carcelaria con ICE que ya funciona en el condado de Chase, Kansas, y una campaña que busca limitar la expansión de acuerdos 287(g) y la retención de personas en cárceles locales a pedido de la agencia federal.

Indiana reforzó durante el verano su participación en el programa 287(g), tanto mediante la ampliación de un acuerdo con la Policía Estatal como mediante decisiones judiciales sobre la cooperación de las autoridades locales con el Gobierno federal. El registro de ICE enumera 42 agencias participantes en Indiana y 45 acuerdos distintos; por cantidad absoluta de agencias, el estado ocupa el puesto 15.º del país.

En agosto, ICE amplió su asociación con la Policía Estatal de Indiana bajo el modelo de Fuerzas de Tarea del programa 287(g). Los agentes estatales que reciban capacitación podrán preguntar a personas sobre su situación migratoria, detener a quienes sospechen de infracciones civiles de las leyes migratorias y transferirlas a la custodia federal durante controles de tránsito e inspecciones de vehículos comerciales, según la información sobre la ampliación de las alianzas de ICE con Indiana y un reporte en español sobre el nuevo papel de la policía estatal y local.

También en agosto, un decreto de consentimiento resolvió el caso presentado por el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, contra el alguacil del condado de Monroe, Indiana. El acuerdo exige que la oficina ponga fin a las políticas que impedían a sus empleados comunicarse o cooperar con las autoridades federales en asuntos de aplicación de las leyes migratorias, según la cobertura del acuerdo judicial.

La supervisión del acuerdo de detención de ICE en Indiana se intensificó en julio y agosto por las condiciones de la Miami Correctional Facility, en Bunker Hill, Indiana. ICE reconoció que allí se omitieron 799 dosis de medicamentos recetados entre el 1 y el 22 de abril; informes también describieron retrasos médicos y problemas de personal, mientras dos personas bajo custodia migratoria murieron en el centro. El Indiana Capital Chronicle informó sobre las fallas médicas y de personal, y una investigación sobre las dosis no administradas detalló la respuesta de ICE.

El representante André Carson pidió respuestas sobre las muertes y los retrasos, y difundió la respuesta de ICE a una consulta sobre las condiciones del centro, según la cobertura de la investigación del congresista. Las denuncias de maltrato también derivaron en litigios, incluido un relato de una persona bajo custodia que dijo haber quedado en un charco de sangre antes de recibir gas pimienta, de acuerdo con un reporte sobre la demanda y las acusaciones.

Las condiciones de la prisión provocaron además protestas y actos públicos contra la detención de ICE en distintas partes de Indiana, junto con llamados a una mayor supervisión, según la cobertura de las manifestaciones en el estado.

Virginia Occidental avanzó hacia una cooperación amplia con ICE durante 2025. El gobernador Patrick Morrisey firmó en febrero una carta de intención para participar en el programa 287(g) y anunció en agosto un acuerdo con agentes estatales y locales designados, la Policía Estatal, personal penitenciario y la Guardia Nacional. Según la cobertura, los agentes podían preguntar a las personas sobre su situación migratoria durante tareas rutinarias. La carta de intención para participar en el programa 287(g), el anuncio sobre las nuevas facultades de las fuerzas del orden y la actualización presentada por la Policía Estatal a los legisladores documentaron el cambio.

El resultado más visible llegó en enero de 2026, cuando ICE informó que una operación de dos semanas en Virginia Occidental produjo más de 650 arrestos. Participaron 14 agencias estatales y locales mediante alianzas del programa 287(g), con acciones en distintas partes del estado. La cifra fue reportada por ICE, por medios locales y por una publicación en español sobre los arrestos.

La operación provocó críticas dentro de Virginia Occidental. En marzo, una manifestación frente al Capitolio cuestionó el pacto de Morrisey con ICE y planteó preocupaciones sobre el debido proceso. En junio, informes sobre la operación pusieron en duda la versión de ICE y señalaron que cerca del 75% de las personas arrestadas no tenía antecedentes penales, según la cobertura de la protesta, un informe que cuestionó las cifras de ICE y un análisis de la radiodifusora pública estatal.

En febrero de 2026, el delegado Lewis presentó el proyecto HB 5589. La propuesta prohibiría ciertos acuerdos de aplicación de las leyes migratorias, limitaría la participación en actividades federales de control migratorio sin orden judicial y crearía mecanismos de supervisión y reparación para casos de detención ilegal. La historia legislativa del proyecto HB 5589 registra su trámite.

El registro vigente de ICE lista 39 agencias participantes en Virginia Occidental, lo que coloca al estado en el puesto absoluto 16.º del país. El recuento convive con cambios en la cooperación local: para marzo, se informó que cárceles de Virginia Occidental habían dejado de aceptar a personas detenidas por ICE bajo autoridad civil federal, un giro en parte de la colaboración local, según el informe sobre las cárceles estatales.

En junio, la Asamblea General de Carolina del Norte anuló el veto del gobernador Josh Stein para promulgar el Proyecto de Ley del Senado 153, una medida que exige a cuatro importantes departamentos estatales firmar acuerdos del programa 287(g) con ICE. La legislación obliga a la Patrulla de Carreteras del Estado, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Correcciones y el Buró de Investigación a formalizar alianzas para la aplicación de leyes de inmigración.

La nueva ley también elimina la inmunidad gubernamental para las jurisdicciones locales que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración y exige que la Patrulla de Carreteras presente un informe sobre su nueva asociación antes del 1 de octubre. Con estos desarrollos, ICE reporta actualmente 27 agencias participantes en Carolina del Norte, lo que ubica al estado en el puesto 17.º a nivel nacional por cantidad absoluta de acuerdos vigentes.

A nivel municipal, el Departamento de Policía de Kenansville, Carolina del Norte, firmó un acuerdo de Fuerza de Tarea bajo el programa 287(g) en mayo. Esta firma convirtió a la policía de Kenansville en la séptima agencia de seguridad local en el estado autorizada para realizar funciones federales de inmigración junto a agentes de ICE fuera del entorno carcelario.

En la misma ciudad, a mediados de julio, agentes federales de inmigración detuvieron a tres personas durante un retén de licencias de conducir operado por la policía local. Las detenciones se produjeron después de que los oficiales de Kenansville contactaran directamente a ICE.

Mientras tanto, en el condado de Henderson, Carolina del Norte, el alguacil Lowell Griffin anunció en mayo que su oficina renovaría su actual asociación 287(g) con ICE. La decisión se tomó tras la presión sostenida por parte de la Junta de Comisionados del condado y los residentes locales para mantener vigente el acuerdo en la cárcel del condado.

La expansión de los acuerdos 287(g) dejó a New Hampshire con una presencia amplia de agencias policiales locales en la aplicación de la ley migratoria federal. La lista de ICE de agosto incluía 26 agencias, lo que colocaba al estado en el puesto absoluto 18.º del país por número de agencias participantes, según la cobertura del registro y de los acuerdos en New Hampshire y el reporte sobre la incorporación de Rindge.

La policía de Rindge, New Hampshire, firmó en julio un acuerdo 287(g) que autorizó a agentes participantes a realizar funciones específicas de aplicación de la ley migratoria. Entre ellas estaban interrogar a personas sospechosas de infringir las leyes migratorias, ejecutar órdenes migratorias y emitir solicitudes de retención para ICE, según el informe sobre las nuevas atribuciones del departamento y la inclusión de Rindge en la lista de agencias que colaboran con ICE.

En Manchester, New Hampshire, la Junta de Alcaldes y Concejales votó en agosto no firmar un acuerdo 287(g). El jefe de policía Peter Marr dijo que el departamento ya coopera con ICE en el desempeño habitual de sus funciones y que no cuenta con personal suficiente para asumir un acuerdo de delegación formal, según la cobertura de la decisión municipal y el reporte sobre la relación existente con ICE.

El debate también llegó a los tribunales. La ACLU demandó a la Policía Estatal de New Hampshire por las demoras para entregar registros públicos relacionados con su acuerdo 287(g) con ICE; la oficina del fiscal general respondió que la agencia no había recibido fondos bajo ese acuerdo, de acuerdo con el reporte sobre la demanda y los registros y la información sobre el litigio.

Los datos citados en julio mostraron que las agencias de New Hampshire habían realizado 51 arrestos bajo acuerdos 287(g) entre 2025 y el 10 de marzo. Quince se atribuyeron al condado de Cheshire, New Hampshire, donde la policía de Troy era la única agencia participante, según el análisis de los arrestos y el papel de Troy y el reporte sobre la aplicación de la ley migratoria en esa localidad.

En julio, una coalición estatal de organizaciones de derechos civiles lanzó una petición contra los contratos entre las agencias policiales de New Hampshire y ICE, con una oposición específica al programa 287(g). La iniciativa fue reportada junto con el lanzamiento de la petición.

Después de los arrestos de ICE en Keene, New Hampshire, en agosto, el alcalde, el departamento de policía y la Oficina del Sheriff del condado de Cheshire dijeron que las agencias locales no habían participado en la operación ni habían sido notificadas. El Concejo Municipal celebró un taller público para responder preguntas sobre la cooperación local y el uso de recursos municipales, según la cobertura del debate posterior a los arrestos y el informe sobre la reunión pública.

Virginia llegó a este punto después de que el juez federal de distrito Robert Payne, en Richmond, emitiera el 31 de agosto una orden preliminar contra partes clave de una ley promulgada por la gobernadora Abigail Spanberger en abril y vigente desde el 1 de julio. La norma exigía renegociar los acuerdos 287(g) existentes para imponer condiciones a las operaciones migratorias federales; la orden impide al estado interferir con esos acuerdos mientras continúa la demanda. La decisión fue descrita en la cobertura en español de Univision y El Époch, así como en WTOP y 13News Now.

El registro de ICE sitúa a Virginia con 24 agencias participantes y 24 acuerdos del programa 287(g), en el puesto absoluto 19.º del país por número de agencias. Ese panorama estatal ayuda a explicar por qué la disputa legal afecta a una red ya extendida de cooperación local, aunque la orden judicial se refiere a los acuerdos existentes y no resuelve de forma definitiva la autoridad del estado sobre futuras alianzas.

En junio, agentes del alguacil del condado de Greene, Virginia, colaboraron con ICE en una operación en Ruckersville, Virginia, que incluyó paradas de tráfico y arrestos. La Oficina de Derechos Civiles de Virginia abrió después una investigación sobre las denuncias relacionadas con esas paradas y con la cooperación del alguacil con las autoridades migratorias federales, según el informe sobre la operación y la cobertura sobre la disputa entre la fiscalía estatal y la administración federal.

También en junio, agentes del alguacil del condado de Page, Virginia, detuvieron a cuatro trabajadores de una lechería durante una parada de tráfico y los entregaron a la custodia de ICE. Los reportes indicaron que las cuatro personas fueron deportadas después; imágenes de cámaras corporales y documentos examinados por WMRA describieron el papel del alguacil y las consecuencias para una granja lechera del condado, que perdió a la mitad de sus empleados durante la operación.

En julio, agentes del alguacil del condado de Loudoun, Virginia, detuvieron a un conductor buscado después de una persecución de ICE y lo entregaron a autoridades migratorias federales en el tribunal del condado. Funcionarios locales dijeron que los agentes habían respondido al choque relacionado sin saber de antemano que estaba en marcha una operación de ICE, según la cobertura de Loudoun Now.

En el condado de Fairfax, Virginia, registros del condado citados en agosto mostraron que las autoridades rechazaron 615 solicitudes de detención de ICE entre enero de 2025 y abril de 2026, pero transfirieron a 11 personas a la custodia federal. Por separado, la oficina del alguacil dijo que la cárcel del condado entregó a ICE en agosto a una persona que había cumplido su condena, según el análisis de los registros y los reportes sobre la transferencia.

A principios de este año, los alguaciles de los condados de Dunn, Green Lake y Walworth acordaron unirse al programa 287(g) bajo el modelo de oficiales de servicio de órdenes de arresto. En enero, la Oficina del Alguacil del Condado de Kenosha también finalizó su acuerdo de participación tras meses de planificación con la agencia federal. El gobierno enumera actualmente 21 agencias participantes en Wisconsin, ubicando al estado en el puesto 20.º a nivel nacional por el total absoluto de estos acuerdos.

A fines del año pasado, los condados de Marathon, Washington y Winnebago también adoptaron modelos 287(g) de aplicación de la ley en cárceles para mitigar los riesgos de responsabilidad civil al cumplir con las retenciones migratorias. Las expansiones generaron advertencias legales de la ACLU y cuestionamientos sobre el rol de las autoridades locales.

Datos federales publicados durante el verano indican que ICE mantiene a más personas bajo su custodia en las instalaciones locales de Wisconsin que en años anteriores. Los reportes documentaron un fuerte aumento en la población diaria promedio de personas recluidas por las autoridades de inmigración en las cárceles del estado.

En los tribunales, la Corte Suprema de Wisconsin emitió una suspensión en julio sobre una demanda del grupo de derechos de los inmigrantes Voces de la Frontera, la cual cuestionaba las alianzas de los alguaciles con ICE. La decisión paraliza el caso mientras se espera que se agote una apelación federal relacionada.

Ese mismo mes, el Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a la ciudad de Milwaukee por una ordenanza local que afecta las operaciones migratorias. La regulación de la ciudad prohíbe que los oficiales de las fuerzas del orden federales y locales, incluidos los agentes de ICE, usen pasamontañas o máscaras para ocultar su identidad mientras realizan arrestos en servicio.

En otras partes del estado, la presión pública ha frenado algunas cooperaciones interinstitucionales. A fines del año pasado, el Departamento de Policía de Palmyra retiró una solicitud para formalizar un acuerdo de fuerza operativa 287(g) tras la oposición de la comunidad. A principios de este año, la Universidad de Wisconsin-Madison anunció que dejaría de compartir datos de lectores automáticos de matrículas con los condados vinculados a acuerdos con ICE.

Hay relativamente poca actividad y noticias sobre el programa 287(g) en Ohio en comparación con gran parte del país.

El registro oficial de ICE lista a 19 agencias del orden en Ohio que participan en el programa mediante 23 acuerdos delegados. Esta cifra sitúa al estado en el puesto 21.º del país por volumen absoluto de dependencias asociadas.

Un nivel moderado de acuerdos y la falta de noticias no implican una ausencia de control migratorio en la región. Sin embargo, las agencias de Ohio se han limitado a mantener las operaciones existentes sin firmar nuevos contratos con ICE ni generar incidentes locales que destaquen este año.

El roster de ICE muestra una participación estatal continua en el programa 287(g). El proceso comenzó en la primavera de 2025 con Dickinson Police Department, Dunn County Sheriff's Office y McKenzie County Sheriff's Office; durante el resto de 2025 se incorporaron, entre otras, Eddy County Sheriff's Office, Bowman County Sheriff's Office, Mercer County Sheriff's Office, Ramsey County Sheriff's Office y Renville County Sheriff's Office. Casi todas son oficinas del sheriff del condado que participan mediante el Task Force Model.

En 2026 se añadieron más agencias locales, incluidas Burke County Sheriff's Office y Williams County Sheriff's Office. En el verano de 2026, North Dakota Bureau of Criminal Investigation se convirtió en la incorporación más reciente al roster estatal, junto con Ray Police Department, Stanley Police Department, Berthold Police Department y Grand Forks County Sheriff's Office.

ICE lista actualmente 16 agencias participantes y 21 acuerdos distintos en North Dakota. Hay relativamente poca actividad y pocas noticias sobre 287(g) en el estado frente a la mayor parte del país, pero esa escasez se refiere a la cobertura del programa, no a la aplicación de las leyes migratorias en general: un número bajo de acuerdos no permite concluir que el estado esté tranquilo.

Durante el transcurso del año pasado y hasta este verano, el panorama de la aplicación de las leyes de inmigración en el estado se transformó tras una serie de nuevos acuerdos 287(g). ICE enumera actualmente a 13 agencias participantes en Utah, lo que sitúa al estado en el puesto 22.º a nivel nacional. A pesar del crecimiento del programa, informes locales destacaron preocupaciones persistentes sobre la falta de transparencia, señalando que la mayoría de las agencias involucradas evitaron explicar públicamente cómo funcionan sus alianzas en la práctica.

El mayor punto de debate a nivel local ocurrió en julio del año pasado, cuando la Comisión del condado de Utah aprobó por unanimidad una serie de alianzas 287(g) —que incluyen los modelos de fuerza de trabajo y de servicio de órdenes de arresto— así como un pacto para compartir bases de datos policiales de manera segura con ICE. Las medidas fueron adoptadas tras horas de testimonios públicos por parte de residentes, quienes advirtieron que los acuerdos podrían fomentar el perfil racial y provocar la separación de familias formadas por personas arrestadas y procesadas para deportación.

La misma dinámica se extendió a otros gobiernos locales durante el verano del año pasado. El condado de Weber formalizó un acuerdo de cooperación 287(g) en julio, mientras que, a principios de agosto, el condado de Wasatch se convirtió en la novena oficina del alguacil en todo el estado en firmar un acuerdo directo con la agencia migratoria.

La expansión de autoridades delegadas no se limitó a los condados; en agosto del año pasado, el Departamento de Policía de Riverton anunció la firma de un memorando de acuerdo bajo el programa 287(g). Con este paso, Riverton marcó un hito al establecerse como el primer departamento de policía municipal de Utah en unirse a los esfuerzos federales de aplicación de la ley.

A pesar del creciente número de jurisdicciones integradas al programa, la Asociación de Alguaciles de Utah expresó su frustración con ICE luego de que funcionarios federales intentaran reclutar directamente a agentes locales para operativos de inmigración sin previa coordinación con los líderes policiales de cada condado. Por su parte y en ese mismo periodo, la Guardia Nacional de Utah solicitó personal voluntario para asistir al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE, ofreciendo servicios logísticos, administrativos y de transporte no coercitivos para apoyar las misiones de las autoridades de inmigración.

En 2026, Idaho pasó a tener una red más amplia de acuerdos 287(g), con ICE registrando 14 agencias participantes y 15 acuerdos; por número absoluto de agencias, el estado ocupa el puesto 24.º del país. La expansión incluyó oficinas penitenciarias, policías municipales y cooperación de condados, además de prácticas de intercambio de información que generaron cuestionamientos sobre los límites de la participación local.

En agosto, el Departamento Correccional de Idaho firmó con ICE un acuerdo 287(g) de la modalidad Warrant Service Officer. El convenio autoriza a funcionarios penitenciarios designados a ejecutar órdenes administrativas migratorias existentes y ayudar, cuando corresponda, a transferir a personas desde la custodia estatal a la federal, según el anuncio del gobierno de Idaho, la cobertura sobre la formalización del acuerdo, otro reporte del anuncio y la información sobre la firma del acuerdo federal.

En julio, el Departamento de Policía de Post Falls se convirtió en la primera agencia policial municipal de Idaho reportada como participante del programa 287(g). El acuerdo permite que agentes capacitados realicen determinadas funciones de control migratorio bajo la supervisión de ICE, según la cobertura del ingreso de la policía al programa, el reporte sobre el primer acuerdo municipal y la información local sobre la alianza. La decisión provocó protestas y atención pública en Post Falls, Idaho.

Los registros divulgados en agosto mostraron que personal de libertad condicional por delitos menores del condado de Canyon, Idaho, compartió información con ICE, incluida una lista de personas nacidas en el extranjero que estaban bajo supervisión. Los funcionarios dijeron que la oficina seguía una práctica de cooperación de larga data con autoridades federales; los documentos también describieron la coordinación en torno a una cita rutinaria, pero no establecieron si la persona fue detenida. Un reporte en español sobre la lista, la cobertura de Telemundo y la investigación sobre los registros documentaron el intercambio y las reacciones que provocó.

En julio, agentes del sheriff del condado de Teton, Idaho, ayudaron a ICE durante una operación de varios días en el este del estado. Funcionarios del condado confirmaron la cooperación, y los reportes identificaron al menos una persona detenida por ICE relacionada con la operación, según la cobertura de las operaciones en Teton Valley y el reporte de autoridades locales sobre la intervención de ICE.

En agosto, registros públicos mostraron búsquedas relacionadas con inmigración en la red de lectores automatizados de matrículas del Departamento de Policía de Twin Falls, Idaho, mediante un sistema nacional de intercambio de datos. La información generó preguntas sobre el cumplimiento de la ley estatal y de las propias restricciones del departamento, como explicó el reporte sobre las búsquedas y los cambios posteriores en los acuerdos.

Varias jurisdicciones de Wyoming se incorporaron al programa 287(g) durante esta primavera. En abril, localidades como Wheatland, Shoshoni, Pine Bluffs y Moorcroft firmaron acuerdos de fuerzas de trabajo con ICE, seguidas por la participación del condado de Hot Springs en mayo. ICE lista ahora 13 agencias participantes en Wyoming, lo que sitúa al estado en el puesto 22.º del total nacional.

Este crecimiento generó respuestas legales en mayo, cuando la ACLU de Wyoming demandó al alguacil del condado de Laramie, Brian Kozak. La demanda alega que su oficina violó la ley estatal al firmar tres acuerdos 287(g) con ICE el año pasado sin consultar ni obtener la aprobación de la comisión del condado, y sin permitir la participación del público.

A raíz del litigio en el condado de Laramie, defensores de los derechos civiles lanzaron en junio una campaña estatal de registros públicos. La iniciativa solicitó documentos de la Patrulla de Carreteras de Wyoming y de otros siete condados para investigar exactamente cómo se autorizaron sus respectivos acuerdos 287(g).

La autoridad delegada a nivel local ya ha resultado en nuevas detenciones. En mayo, los ayudantes del alguacil del condado de Laramie, operando bajo el modelo de fuerzas de trabajo del programa 287(g), detuvieron a siete personas por presuntas violaciones de inmigración durante un solo turno de patrullaje de carreteras que duró cinco horas.

En otras partes del estado, registros públicos revelados durante el verano mostraron que las autoridades del condado de Campbell transfirieron a 87 personas a la custodia de ICE durante un período de 13 meses finalizado en junio. Mientras tanto, los comisionados del condado de Teton autorizaron en julio una evaluación independiente sobre las políticas de inmigración de su alguacil, luego de que el fiscal del condado cuestionara públicamente la legalidad de retener a personas en la cárcel por 48 horas a pedido de la agencia federal. Finalmente, una firma legal de Colorado demandó a la Oficina del Alguacil del condado de Laramie en julio, acusándola de emitir un informe inexacto y retener pruebas en un caso de deportación.

El año pasado, el gobernador Jim Pillen anunció planes para convertir una antigua instalación en McCook en un nuevo centro de detención de ICE y solicitó que la Patrulla Estatal de Nebraska ingresara al programa 287(g). En la actualidad, ICE lista a 9 agencias participantes en Nebraska bajo estos acuerdos, lo que ubica al estado en el puesto 27.º a nivel nacional.

A nivel de condado, la Oficina del Sheriff del condado de Wheeler firmó un acuerdo 287(g) el año pasado. La dependencia se convirtió en la primera del estado en adoptar el modelo de grupo de tareas (task force) de la agencia federal, lo que permite a los oficiales locales ejercer funciones migratorias especializadas en el terreno.

En respuesta a los planes ejecutivos para la instalación de McCook y la Patrulla Estatal, los legisladores de Nebraska presentaron un proyecto de ley a principios de este año que buscaba anular las alianzas con ICE en el estado. Las audiencias públicas sobre la medida atrajeron horas de testimonios en contra de la colaboración por parte de residentes que se oponen a que las agencias locales apliquen las leyes civiles de inmigración.

Las organizaciones de derechos civiles y los defensores comunitarios también se han movilizado en el terreno para oponerse a la expansión del programa 287(g). La campaña ha presionado activamente a los funcionarios locales en los condados de Dakota y Douglas para que abandonen las propuestas de firmar nuevos acuerdos con las autoridades federales.

El principal desarrollo fue la expansión del roster estatal de 287(g) durante 2025. Hughes County Sheriff’s Office, Minnehaha County Sheriff’s Office y South Dakota Highway Patrol aparecieron en el listado durante la primavera; otras agencias se incorporaron después, incluido el South Dakota Department Of Corrections durante el verano. El proceso fue descrito en una cobertura sobre las agencias de South Dakota que buscaron autoridad migratoria, un reporte sobre los acuerdos con ICE, la explicación del alcance del acuerdo por parte del fiscal general y el anuncio estatal sobre la alianza entre la patrulla y ICE.

El roster siguió creciendo en 2026. Centerville Police Department apareció durante el invierno, Viborg Police Department durante la primavera y Grant County Sheriff’s Office y Pennington County Sheriff’s Office durante el verano. ICE lista actualmente 10 agencias participantes y 12 acuerdos en South Dakota; la gran mayoría de las agencias del estado opera bajo el Task Force Model, aunque el listado también incluye entidades estatales.

Hay relativamente pocas noticias sobre 287(g) en South Dakota en comparación con la mayor parte del país. Eso describe la cantidad de cobertura disponible, no el nivel general de aplicación de las leyes migratorias: un estado con pocos acuerdos puede seguir registrando acciones intensas de control migratorio.

En julio, un juez federal rechazó bloquear temporalmente la Proposición 314, una iniciativa que autoriza a la policía estatal y local a arrestar a personas que cruzan la frontera fuera de los puertos de entrada legales y permite a los jueces estatales ordenar deportaciones. El magistrado dictaminó que era demasiado pronto para suspender la ley porque aún no se había arrestado a nadie bajo sus disposiciones, a pesar de que grupos de derechos civiles argumentaron en los tribunales que la normativa estatal usurpa de manera inconstitucional la autoridad exclusiva de las agencias migratorias federales.

A nivel local, un juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa anuló un acuerdo de fuerza de tarea conjunta bajo el programa 287(g) firmado por el fiscal del condado de Pinal con ICE. El tribunal determinó a principios de este año que el fiscal carecía de la autoridad legal para suscribir esa alianza de control migratorio sin la aprobación formal de la Junta de Supervisores del condado. Actualmente, ICE mantiene acuerdos activos del programa 287(g) con 9 agencias en Arizona, ocupando el puesto 27.º a nivel nacional.

Por su parte, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se unió a una coalición de dos docenas de estados en una demanda en tribunales federales para impugnar la política de la administración Trump de retener subsidios de seguridad nacional y manejo de emergencias. La acción legal cuestiona la autoridad del gobierno federal para condicionar estos fondos a que las jurisdicciones estatales y locales acepten colaborar con las prioridades de aplicación de la ley de ICE.

Tras otra intervención legal de la oficina de la fiscal general, las autoridades migratorias acordaron en julio pausar la conversión de un gran almacén en Surprise en un centro de detención de ICE, a la espera de que se complete una revisión ambiental obligatoria.

En otras fricciones sobre el cumplimiento de las leyes migratorias, un grupo legal conservador demandó en julio a la gobernadora Katie Hobbs para exigir registros sobre los fondos públicos utilizados en un sitio web estatal que informa a los habitantes de Arizona sobre sus derechos ante encuentros con agentes de inmigración. Esta tensión coincidió con una exposición de seguridad fronteriza celebrada en Phoenix esta primavera, donde funcionarios federales advirtieron que ICE incrementaría las operaciones y los arrestos "colaterales" en las ciudades de Arizona que decidan no cooperar con los agentes, lo que generó un fuerte rechazo público por parte de la alcaldesa de Tucson y legisladores locales.

En julio, un juez federal desestimó una demanda del Departamento de Justicia que buscaba anular las políticas implementadas en Minnesota, Mineápolis, St. Paul y el condado de Hennepin para limitar la cooperación de las autoridades locales con ICE. El fallo, que cerró un litigio iniciado por la administración federal, determinó que el gobierno de Estados Unidos no puede obligar a las entidades estatales y locales a cumplir con las órdenes de retención migratoria ni a participar en la aplicación de las leyes federales.

A pesar de las limitaciones a nivel estatal, la participación local en el control de inmigración ha experimentado un crecimiento reciente. A lo largo del año pasado, los alguaciles de ocho condados rurales de Minnesota (Cass, Crow Wing, Freeborn, Itasca, Jackson, Kandiyohi, Mille Lacs y Sherburne) firmaron acuerdos del programa 287(g) con ICE para delegar ciertas funciones federales a los ayudantes locales. Actualmente, la agencia federal reporta 9 agencias participantes en Minnesota, ubicando al estado en el puesto 27.º de este tipo a nivel nacional.

La expansión de estos acuerdos ha generado respuestas legales. A finales del año pasado, la ACLU de Minnesota presentó una demanda contra el condado de Freeborn para impugnar su acuerdo 287(g). La organización de derechos civiles argumentó que el pacto viola la ley estatal al permitir que las cárceles del condado mantengan bajo custodia a personas sospechosas de delitos no migratorios por más tiempo del normalmente permitido.

Las dudas legales sobre los contratos también provocaron revisiones administrativas. En febrero, los comisionados del condado de Kandiyohi sometieron a revisión formal el acuerdo 287(g) firmado por su alguacil, luego de que una opinión del fiscal general del estado planteara preguntas sobre la validez jurídica de la asociación.

En otras partes del estado, la participación de las fuerzas del orden ha enfrentado el rechazo del público. Durante el verano, residentes y defensores de los derechos civiles abarrotaron una reunión de la junta del condado de Crow Wing para protestar contra el acuerdo de grupo de trabajo del programa 287(g) que la oficina del alguacil local mantiene con ICE.

El panorama de la aplicación de las leyes de inmigración en Michigan ha visto una expansión reciente, con el estado albergando actualmente a 8 agencias participantes en el programa 287(g), lo que lo ubica en el puesto 30.º a nivel nacional. Este verano, la Oficina del Sheriff del condado de Livingston, Michigan, firmó un acuerdo 287(g) bajo el modelo de Oficial de Servicio de Órdenes. El arreglo autoriza a ciertos agentes delegados a entregar órdenes administrativas federales a las personas recluidas en la cárcel del condado.

La asociación del condado de Livingston sigue a otros acuerdos establecidos el año pasado por el condado de Jackson, Michigan, y la ciudad de Taylor, Michigan. El condado de Jackson ingresó al programa de servicio de órdenes en abril del año pasado, mientras que el Departamento de Policía de Taylor adoptó el modelo más amplio de Fuerza de Tarea al mes siguiente.

Aunque algunas jurisdicciones han ampliado su colaboración, otras han dado marcha atrás. La Autoridad Policial Metropolitana del condado de Genesee, Michigan, también firmó un acuerdo de Fuerza de Tarea el verano pasado, pero el jefe de policía rescindió la asociación unos meses después, citando la escasez de personal en el departamento.

Las alianzas locales han provocado un rechazo organizado de la comunidad en múltiples jurisdicciones. A principios de este año, residentes y defensores en el condado de Berrien, Michigan, y en el pueblo de Oakley, en el condado de Saginaw, Michigan, organizaron protestas y reuniones públicas para instar a los funcionarios locales a terminar sus acuerdos policiales.

La cobertura disponible sobre Montana mostró un panorama estatal de cooperación local con ICE sometida a revisión, más que un desenlace uniforme. El registro vigente de ICE incluye 7 agencias participantes y 7 acuerdos en Montana, lo que coloca al estado en el puesto 31.º del país por número absoluto de agencias participantes.

El principal desenlace ocurrió en el condado de Gallatin, Montana, donde los comisionados terminaron en junio el acuerdo 287(g) con ICE después de que una demanda cuestionara si la asociación de 2020 había recibido la aprobación adecuada de la comisión. El condado había pausado las operaciones en mayo, mientras continuaba el litigio y antes de una audiencia pública. La demanda y la pausa fueron documentadas en la cobertura inicial del cuestionamiento al acuerdo, el anuncio de la pausa hasta la audiencia pública y el reporte sobre la suspensión mientras seguía el litigio. La terminación posterior del acuerdo fue reportada tras el proceso de participación pública.

En febrero, el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, y el gobernador Greg Gianforte anunciaron una investigación sobre Helena, Montana, después de que la ciudad aprobara una resolución que restringía la forma en que la policía de Helena interactuaba con funcionarios federales de inmigración. Los funcionarios estatales dijeron que la política podía entrar en conflicto con la ley estatal de 2021 sobre la cooperación con las autoridades federales de inmigración, pero la cobertura disponible no estableció un resultado final de la investigación.

En mayo del año pasado, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas firmó un acuerdo 287(g) con ICE, autorizando a los oficiales en el Centro de Detención del condado de Clark a entregar órdenes de arresto civil migratorio y mantener a personas detenidas hasta por 48 horas para los agentes federales. El departamento reportó haber facilitado más de 1,150 arrestos de ICE en las instalaciones entre el inicio del programa y principios de este año.

Unos meses antes, en febrero del año pasado, la Oficina del Alguacil del condado de Douglas también firmó un acuerdo carcelario 287(g) con las autoridades federales. Esta acción convirtió a la agencia en la primera jurisdicción de Nevada en unirse al programa en aproximadamente cinco años. Actualmente, ICE lista 4 agencias participantes en el estado, operando bajo 5 acuerdos delegados, lo que ubica a Nevada en el puesto 33.º a nivel nacional por el volumen absoluto de este tipo de alianzas.

A finales del año pasado, la ACLU de Nevada demandó al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, argumentando que su asociación 287(g) viola la ley estatal y erosiona el sistema judicial. Después de que un juez estatal desestimara la demanda a principios de este año, el grupo de derechos civiles apeló el caso ante la Corte Suprema de Nevada esta primavera.

La reanudación de la aplicación local de las leyes de inmigración ha dividido públicamente a los líderes estatales. El fiscal general emitió directrices bajo una ley estatal de 2021 aconsejando a las agencias locales que se enfoquen en la prevención del crimen en lugar del estatus migratorio, mientras que el gobernador sostiene que Nevada no es un estado santuario y mantendrá la cooperación con las autoridades federales.

Durante el verano, la policía municipal de Las Vegas intervino durante un intento de aprehensión de ICE en el Aeropuerto Internacional Harry Reid. Los oficiales locales le quitaron las esposas a un anciano retenido por los agentes de inmigración después de determinar que no existía una orden de arresto activa ni base legal para retenerlo.

En Iowa, la cooperación con ICE tomó forma tanto mediante el programa 287(g) como a través de acuerdos carcelarios locales. En abril de 2025, el Departamento de Seguridad Pública de Iowa firmó un acuerdo de grupo de trabajo con ICE que autorizó a tres agentes estatales a ejercer funciones federales específicas bajo supervisión de la agencia, entre ellas posibles arrestos e interrogatorios, según el reporte sobre la firma del acuerdo. El registro actual de ICE incluye 4 agencias participantes en Iowa y 4 acuerdos, lo que coloca al estado en el puesto 33.º del país por número absoluto de agencias participantes.

Durante el verano de 2026, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denunciaron que agentes de la Patrulla Estatal de Iowa preguntaban a conductores por su estatus migratorio durante controles de tráfico. También afirmaron que agentes de ICE se llevaron bajo custodia al menos a una persona después de una parada en la Interestatal 80; Noticias Breves y un reporte de Infobae describieron las acusaciones como parte de una colaboración con ICE. Los reportes presentaron estos hechos como denuncias de los grupos, no como una determinación judicial.

La cárcel del condado de Linn también documentó una relación sostenida con ICE. Funcionarios del condado informaron a finales de julio de 2026 que habían ingresado allí a 424 personas detenidas por ICE desde enero y que 49 permanecían bajo custodia de ICE el 29 de julio, según la cobertura local de la operación de la cárcel.

La participación no fue uniforme entre los condados. En mayo de 2025, el sheriff del condado de Dubuque dijo que el condado no firmaría un acuerdo federal de control migratorio por el posible costo para el gobierno local y el uso de espacio carcelario, según el reporte sobre la decisión. La postura surgió después de una directiva federal para identificar a jurisdicciones que obstaculizaran la aplicación de las leyes migratorias federales.

La disputa también llegó a los tribunales estatales. En marzo de 2025, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, demandó al sheriff del condado de Winneshiek por una publicación en redes sociales sobre cuándo el departamento debía retener a personas a solicitud de las autoridades migratorias federales, según la información de AP. El caso convirtió el cumplimiento de solicitudes relacionadas con ICE en un conflicto legal entre autoridades estatales y locales.

A finales de julio de 2026, Iowa también fue incluido en la operación Highway Shield, realizada por agencias federales y estatales para controlar el transporte por carretera. Las autoridades reportaron 51 detenciones relacionadas con inmigración en el conjunto de la operación, además de infracciones de tráfico y de requisitos para conductores comerciales, según Fox News y Newsweek.

El estado promulgó amplias restricciones a la colaboración con las autoridades federales de inmigración cuando la gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó la Ley de Seguridad para los Inmigrantes (Immigrant Safety Act) en febrero. La legislación prohíbe explícitamente a las agencias policiales locales suscribir acuerdos del programa 287(g) y veta a los gobiernos locales de mantener contratos para albergar a personas bajo custodia de ICE. En la actualidad, la agencia federal lista 2 agencias participantes en New Mexico, lo que sitúa al estado en el puesto 34.º del país por total de asociaciones de este tipo, con 2 acuerdos activos.

La prohibición estatal se produjo después de que la Oficina del Alguacil del condado de Curry se uniera al programa 287(g) el año pasado. Esa firma convirtió al condado de Curry en la primera agencia policial en New Mexico en formalizar una alianza de delegación de autoridad migratoria con ICE.

Una vez que la Ley de Seguridad para los Inmigrantes entró en vigor en mayo, los alguaciles de los condados de Curry y Torrance se negaron a poner fin a sus acuerdos del programa 287(g). Ante la negativa de acatar la norma, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, presentó demandas contra ambos condados y sus respectivos alguaciles por violar la nueva ley estatal.

La mayor parte de las agencias que participan en el programa 287(g) en el estado firmaron sus acuerdos a lo largo de 2021. Este ciclo inició en el invierno de ese año con la adhesión del Departamento de Policía de Kodiak, Alaska, a lo que le siguió un grupo reducido de agencias que se incorporó de forma gradual. La adición más reciente fue la del Departamento de Correccionales de Alaska a nivel estatal durante la primavera del año pasado, consolidando una red de alianzas que operan casi en su totalidad bajo el formato de oficinas del sheriff del condado implementando el modelo de fuerza de tarea de ICE.

En febrero, el Departamento de Correccionales de Alaska confirmó que su acuerdo 287(g) incluye la revisión de los registros de las personas en prisión, un protocolo que derivó en una orden de retención de ICE para un hombre que había sido ingresado a un centro correccional en Juneau, Alaska, tras una parada de tráfico. En ese mismo contexto, la Policía de Anchorage, la Policía de Juneau y los Policías Estatales de Alaska confirmaron que operan sin acuerdos formales bajo este programa.

En diciembre del año pasado, el gobernador Mike Dunleavy aprobó una solicitud del gobierno federal para desplegar a la Guardia Nacional de Alaska con el fin de brindar apoyo logístico y administrativo a la oficina de ICE en Anchorage, Alaska, por un periodo de hasta un año. La decisión provocó que diversos legisladores estatales cuestionaran la legalidad de dicha asignación militar a nivel doméstico.

A nivel municipal, en enero, miembros de la Asamblea de Anchorage, Alaska, presentaron una resolución para oponerse a la aplicación de las leyes migratorias federales, exigiendo restricciones a la cooperación, el uso de fondos y los poderes de ejecución locales relacionados con las operaciones de ICE.

Durante el verano del año pasado, el Departamento de Correccionales de Alaska aceptó el traslado de aproximadamente 40 personas detenidas por ICE provenientes de otros lugares hacia el Complejo Correccional de Anchorage, Alaska, para aliviar la sobrepoblación en una instalación de Tacoma, Washington. El movimiento generó audiencias legislativas sobre las condiciones en que se encontraban las personas privadas de la libertad, y finalmente el grupo de personas bajo custodia federal fue devuelto fuera del estado.

Según el roster de ICE, el estado cuenta con 2 agencias participantes.

Hay relativamente poca actividad y escasas noticias sobre el programa 287(g) en las Islas Marianas del Norte en comparación con la mayor parte del país. El territorio registra 2 acuerdos y 2 agencias participando formalmente en este tipo de asociaciones con las autoridades federales.

La falta de participación en estos programas locales no significa que la aplicación de las leyes de inmigración esté detenida. En jurisdicciones sin contratos 287(g), las personas aún pueden ser detenidas por ICE a través de operativos de control migratorio ejecutados directamente por agentes federales en el territorio.